Manuel Rodríguez Becerra

El ministro del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), Juan Lozano, está intentando demostrar que el actual gobierno adelanta una gestión ambiental sin precedentes en la historia el país. A tal punto que, en su último artículo de prensa (EL TIEMPO, 7/12/08), tuvo la osadía de afirmar que “nunca la cartera ambiental había sido más fuerte que hoy”. Parecería que el Ministro, haciendo gala de su fina pluma y de sus dones como orador, ingresó en el campo de la ficción ambiental puesto que su afirmación se desploma ante el consenso existente entre múltiples entes de control del Estado, organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas y académicos, que coinciden en señalar que la política ambiental del gobierno del presidente Álvaro Uribe arroja un balance negativo.

Precisamente, en una evaluación adelantada el año pasado por iniciativa del gobierno de Holanda, como base para definir su generoso programa de cooperación para el MAVDT, se concluye que el Viceministerio del Ambiente, desde su creación en el 2003, se ha caracterizado por su muy baja integración con los viceministerios de Agua y Vivienda, y por su débil capacidad técnica, financiera y de liderazgo de la política ambiental a nivel nacional en comparación con la institucionalidad preexistente.

El ministro Lozano suele referirse a loables logros de su administración, entre los cuales vale destacar las medidas para disponer diversos residuos peligrosos, el fortalecimiento de los parques nacionales y de los institutos de investigación del Ministerio, y la ley que establece un nuevo procedimiento sancionatorio en materia ambiental.

Pero, al mismo tiempo, Minambiente no ha logrado superar su insuficiente capacidad técnica, ni su precaria situación económica, tal como se revela en la extraña iniciativa presidencial de resolverla mediante la supresión de algunas corporaciones autónomas regionales. Además, su papel en el otorgamiento de las licencias ambientales es muy cuestionable -como se evidencia en los casos de la expansión del área de explotación de carbón de la Drummond y de la construcción de los puertos de Dibulla y Palermo, obras estas últimas que están poniendo en grave riesgo a importantes ecosistemas-.

Este último hecho es un reflejo más de la impotencia de Minambiente frente a ciertas políticas sectoriales que atentan contra la integridad de ecosistemas estratégicos para el país, y que acaban siendo impuestas por los todopoderosos ministerios del Transporte (ej.: los mencionados puertos), de Energía y Minas (ej.: minería en los páramos) y de Agricultura (ej.: biocombustibles en valiosos ecosistemas). Y es, en últimas, consecuencia de la baja prioridad que el alto Gobierno le otorga al tema ambiental en aras de los intereses económicos.

Lo fundamental, por estos días, en que Minambiente y el Sistema Nacional Ambiental cumplen quince años, es que todos aquellos que hemos estado comprometidos con su concepción, diseño o desarrollo, incluyendo al ministro Lozano, reconozcamos que esta institucionalidad no ha sido capaz de afrontar con solvencia nuestros principales problemas ambientales, como la creciente contaminación y la destrucción de las fuentes de agua, la deforestación, la erosión y el deterioro de las costas y el medio marino. Y que tampoco está pudiendo hacerles frente a los problemas ambientales urbanos, simbolizados en la capital del país con la muerte del río Bogotá, la intolerable contaminación del aire y la alarmante y trágica destrucción de la Sabana y sus cerros circundantes.

Y es sólo a partir del reconocimiento de estas graves falencias, y también de los muchos logros alcanzados, que se estaría en posibilidad de tratar de crear las condiciones para que el país le otorgue su debida prioridad a la protección de la rica base natural que aún nos queda, y fortalezca las instituciones responsables de hacerlo.