Manuel Rodríguez Becerra

Una gran parte de los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+), no representan reducciones de emisiones de carbono genuinas. En adición, un buen número de proyectos están violando derechos de los indígenas sobre sus territorios.

Los planes REDD+ generan créditos de carbono al invertir en la protección de áreas de los bosques más importantes del mundo, desde el Congo hasta la cuenca del Amazonas. Los esquemas de deforestación evitada generan y venden créditos, o compensaciones, de carbono en función de la cantidad de deforestación que pretenden prevenir.

Los principales proyectos REDD+ en América Latina se realizan en los resguardos indígenas. Desde hace años el Centro de Investigaciones Forestales (CIFOR) advirtió que muchos de los contratos con las comunidades indígenas estaban violando sus derechos. En primer término, las comunidades indígenas, dueñas de bosques en muy buen estado de conservación, no están recibiendo una compensación económica justa por los proyectos que se realizan en sus territorios quedándose el grueso de las ganancias en manos de las empresas generadoras, las organizaciones certificadoras y diferentes intermediarios y especuladores que participan en el proceso. Más grave aún, con las estrategias que esas empresas están adelantando en las comunidades para generar los bonos se están violando sus derechos, entre otras porque con frecuencia cierran los contratos con individuos de los resguardos que no son la autoridad en el territorio creando diversas tensiones y conflictos en los pueblos indígenas.

Precisamente la Corte Constitucional de Colombia, a principios de julio, falló por primera vez sobre el tema a partir de la tutela que presentaron las comunidades indígenas del territorio Pirá Paraná, pertenecientes al Gran Resguardo Indígena del Vaupés. Según el Consejo Indígena del territorio “en este fallo se amparan nuestros derechos fundamentales, los cuales fueron vulnerados por el proyecto de créditos de carbono formulado, desarrollado, verificado y certificado por las empresas Masbosques, Soluciones Proambiente S.A.S., Ruby Canyon Environmental y Cercarbono. Como determina la Corte, el proyecto REDD+ Baka Rokarire ~ia tir+~dito desconoció nuestros derechos a la libre determinación, autonomía, autogobierno, territorio, identidad, integridad física y cultural y consentimiento libre, previo e informado”. Y muy importante, se ha decidido que “el proyecto REDD+ estará en cabeza de los Gobiernos Indígenas Pirá Paraná, Yaigoje Apaporis, Mirití Paraná y Río Tiquié”. Esta debería ser la vía de todos los proyectos que se realicen en territorios indídigenas.

En relación con el hecho de que los créditos de carbono no representan lo que se anuncia a sus compradores, una investigación publicada en Science (agosto 24,2023), dirigida por científicos de las universidades de Cambridge y de Amsterdam, halló que millones de créditos de carbono se basan en cálculos burdos que inflan los éxitos de conservación de los proyectos voluntarios REDD+. En esta investigación se analizaron los efectos de 26 proyectos en seis países de tres continentes: Perú, Colombia, República Democrática del Congo, Tanzania, Zambia, y Cambodia. “Descubrimos que la mayoría de los proyectos no han reducido significativamente la deforestación. En el caso de los proyectos que sí lo hicieron, las reducciones fueron sustancialmente menores que las declaradas.” Entre los 26 proyectos seis corresponden a Colombia, cinco en la costa pacífica y otro en la Amazonía. Con ello se ratifica en forma contundente diversas investigaciones que se han hecho en nuestro país en los últimos años como lo señalé en dos anteriores columnas.

En últimas, estamos en una situación caótica y perjudicial en materia de los bonos de carbono. Por fortuna la Corte Constitucional hizo un fallo histórico que es el comienzo de la solución la cual esperamos sea adecuadamente complementada con la normatividad que se propone expedir Minambiente.