Manuel Rodríguez Becerra

“A sí me sacaron de Chiribiquete’, se titula el artículo de la revista ‘Semana’ sobre la expulsión de los guardaparques de 9 parques nacionales naturales de la Amazonía (1.º de marzo de 2020). ‘Así nos sacaron de Chiribiquete’ debería titularse, pues todos los colombianos somos el objeto de esta expulsión perpetrada por grupos armados ilegales, tanto de las disidencias como de un remanente de las Farc-Ep que no firmó la paz.

No pocos consideran este hecho una prueba de que el sistema de parques nacionales fracasó. Es una mayúscula equivocación, puesto que Colombia ha tenido, en balance, un gran éxito con la política de parques nacionales. En el año 2018, el Ideam evidenció, mediante el mapa de ecosistemas, que del área total de los parques nacionales (que representan más del 15 por ciento del territorio continental nacional), 96 por ciento se encuentra en buen estado de conservación y que solo el 4 por ciento ha sido transformada (léase deforestada a ‘tabula rasa’).

No desconozco que estemos frente a la mayor crisis de los parques de la Amazonía colombiana en su historia, pero es necesario señalar que la situación de los 10 parques de la región es heterogénea. En efecto, es la primera vez que se expulsan las autoridades de Cahuinarí, Pure, Yaigogé-Apaporis, La Paya y Chiribiquete, que son parques cuyo estado de conservación es satisfactorio.

Pero, con razón, no pocos estamos alarmados por el parque Chiribiquete, cuya deforestación –si bien representa una mínima área en relación con su extensión (un parque del tamaño de Dinamarca)– es inaceptable en virtud de sus altos valores ecológicos y arqueológicos, que lo hacen algo así como la joya de la corona del sistema de parques. Y, entre tanto, los funcionarios de Amacayacu, ubicado en el trapecio amazónico, permanecen ‘in situ’, en un parque bien conservado y visitado por cientos de turistas semanalmente.

En contraste, Nukak ha estado, de tiempo atrás, bajo el control de los grupos armados ilegales, y su deforestación y cultivos ilícitos siguen su marcha. Y, a su vez, los tres parques de la región de La Macarena –Tinigua, Picachos y Sierra de La Macarena– han tenido una historia de conflicto y deterioro que se remonta al nacimiento mismo de las Farc, que ubicaron allí el centro de sus operaciones de guerra; y después de firmada la paz, la deforestación y los incendios forestales se han incrementado en estos tres parques, como los acaecidos recientemente, siendo la apertura de tierras para la especulación y la ganadería su principal causa, que se da tanto en estos parques como en baldíos de la nación ubicados en la región amazónica.

Si bien algunas tierras se abren en primer lugar para plantar coca, los cultivadores ilícitos saben desde hace décadas que, tarde que temprano, serán tierras ganaderas, como lo saben también los latifundistas que las adquieren. Pero el fenómeno de la deforestación tiene otras complejidades, como lo evidenció Tatiana Rojas en su reciente artículo sobre el parque Tinigua, publicado en EL TIEMPO (3 de marzo de 2020).

Es el caso de los campesinos que habitan en este parque desde antes de su declaratoria en 1989: ellos tienen derechos sobre los suelos que han ocupado desde hace más de tres décadas, derechos que les deben ser reconocidos ya sea mediante la reubicación en tierras aptas para la agricultura o modalidades productivas dentro del parque compatibles con su protección.

La expulsión de los guardaparques es una inaceptable declaratoria de los grupos armados ilegales de que ellos son dueños y señores de los parques amazónicos, cuya extensión total asciende a más de 100.000 kilómetros cuadrados (equivalente a las áreas de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca sumadas). Lo único que los colombianos esperamos es que el Estado tome el control de estos territorios y devuelva este invaluable patrimonio nacional a todos los colombianos. De lo contrario, la paz es tan solo una ilusión.