Manuel Rodríguez Becerra

La reciente sequía generada por el fenómeno de El Niño, con la consecuente escasez de agua en cientos de comunidades de más de 300 municipios, y una preocupante baja del nivel de los embalses, ha evidenciado una vez más cuán vulnerable es Colombia a los eventos climáticos extremos. Es una vulnerabilidad que se manifestó también entre los años 2020 y 2022, cuando se presentaron eventos continuos de La Niña con fuertes inundaciones que ocasionaron altas pérdidas económicas y tragedias sociales, como en el caso de La Mojana; se vivieron entonces situaciones similares a las provocadas por las inundaciones extremas ocurridas en 2011-12 en la cuenca del Magdalena-Cauca que según investigaciones científicas se originaron en el fenómeno de La Niña reforzado por el cambio climático.

Estos sucesos tienen lugar en el sexto país más rico del mundo en agua dulce (World Atlas, 2020) y en el primero en precipitación anual (World Bank, 2020). Pero es una riqueza cuya distribución no es homogénea en el territorio nacional. En su conjunto, las cuencas Magdalena y Cauca y de los ríos que drenan en el Caribe –en donde habita más del 80 % de la población nacional y se produce el 85% del PIB nacional– solo representan el 13,5 % y el 9,6 % de la oferta hídrica total.

Los riesgos por sequías e inundaciones severas se han incrementado en todo el territorio en las últimas décadas como consecuencia del cambio climático, cuyos impactos se han magnificado debido al mal manejo del territorio tal como se tipifica en la transformación y degradación de los ecosistemas que soportan el ciclo del agua –páramos, humedales y bosques de montaña y de tierras bajas–, y en la creciente ocupación de áreas vulnerables, especialmente mediante el drenaje y la transformación de los humedales para usos agropecuarios, y el establecimiento de asentamientos humanos en empinadas laderas o en las riberas de los ríos.

Lluvias torrenciales, largas temporadas de lluvias intensas y de sequías extremas, carencias en el acceso al recurso hídrico, incendios forestales, inundaciones y deslizamientos conforman la actual realidad del país, la cual se verá agravada en el futuro con el incremento de la temperatura promedio de la superficie de la Tierra, producto de las emisiones de efecto invernadero. Trescientas noventa y un cabeceras municipales, que en su mayoría pertenecen a las regiones Magdalena-Cauca y Caribe, son susceptibles de sufrir desabastecimiento de agua en épocas de sequía. Este desabastecimiento genera problemas para la provisión de agua para el consumo doméstico y pérdidas en los cultivos agrícolas y en la ganadería. Así, por ejemplo, la sequía extrema en el departamento del Casanare en el 2014 causó la muerte de miles de animales, arruinó cultivos y afectó el abastecimiento de agua de la región. A su vez, en La Guajira, en los últimos años, más de cinco mil niños wayús han muerto ante las dificultades de acceso a los alimentos y al agua, lo que se agrava con la incapacidad manifiesta del Estado colombiano de tomar medidas para solucionarlas.

La adaptación al cambio climático tiene la más alta prioridad en la agenda nacional, como lo argüí en columna anterior. Para enfrentar la situación de escasez temporal o permanente de agua en diferentes regiones del país, el agua subterránea es un recurso al que se debe acudir, pero la posibilidad de hacerlo está limitada en virtud de que su conocimiento es precario, pues solo se tiene identificado el 30,8 % de sistemas acuíferos con un nivel de conocimiento suficiente para su gestión (‘Estudio nacional del agua’, 2020). Las medidas de adaptación a los riesgos de sequía incluyen también la construcción de presas y la restauración de humedales, páramos y bosques protectores de las cuencas hidrográficas, como medidas para disminuir la desestabilización del ciclo del agua. Existe un amplio menú de medidas de adaptación para disminuir el impacto de las lluvias torrenciales y las largas temporadas de lluvias –el exceso de agua–, a los cuales me referiré en próxima columna.