Manuel Rodríguez Becerra

La iniciativa de realizar un referéndum constitucional para consagrar el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental y un bien público que requiere especial protección del Estado es, quizás, la principal noticia sobre la política del medio ambiente en muchos años. El 15 de marzo se inició la recolección de 1’400.000 firmas para solicitar su convocatoria, promovida por un admirable conjunto de organizaciones no gubernamentales y comunitarias, lideradas por el Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. Ya, esta organización alcanzó un gran éxito con su reciente reconocimiento por parte de la Registraduría Nacional, que validó 231.081 firmas de las 242.977 presentadas en apoyo del proyecto.

Millones de colombianos no tienen hoy acceso al agua potable o viven en la incertidumbre de si recibirán, o no, este servicio en el futuro, como consecuencia de su incapacidad para cumplir debidamente con su pago.

Y continúa el aumento del número de personas que consumen agua embotellada por considerar, falsamente, que es la única forma segura de beber agua pura. Se trata de un artículo de consumo suntuario y dañoso para el medio ambiente (recuérdese las contaminantes e indestructibles botellas de plástico y el desperdicio de recursos para producirlas), en particular para los ciudadanos de aquellos centros urbanos que, como Bogotá o Medellín, cuentan con un excelente servicio de agua potable.

Consideraciones como las anteriores justifican con creces el nuevo artículo que se incorporaría en la Constitución: “El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. El Estado tiene la obligación de suministrar agua potable suficiente a todas las personas, sin discriminación alguna y con equidad de género. Se debe garantizar un mínimo vital gratuito”.

Pero este derecho podría llegar a ser una quimera si no conservamos los ecosistemas de los cuales depende el agua. Por ello, urge consagrar también el texto propuesto por el comité promotor del referéndum que reza: “Los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua deben gozar de especial protección por parte del Estado y se destinarán prioritariamente a garantizar el funcionamiento de dicho ciclo, sin vulnerar los derechos de las comunidades que tradicionalmente los habitan, procurando modelos de uso sustentable, de tal manera que se disponga de agua abundante y limpia para todos los seres vivos”.

Se trata de establecer el imperativo de detener y reversar la desaparición y deterioro de las fuentes de agua de nuestro país, evidenciado en la destrucción de los páramos, la tala de los bosques protectores de las cuencas hidrográficas, la irracional explotación de los acuíferos y la contaminación de los cuerpos de agua. Es una progresiva degradación de nuestros ecosistemas que, además de romper el ciclo de este precioso líquido y disminuir su disponibilidad para el uso humano, conlleva la pérdida de multitud de seres vivos y amenaza la supervivencia misma de diversas especies de flora y fauna, hechos que también hacen parte de las motivaciones del referéndum.

Como es obvio, la simple consagración de estos y otros artículos en la Constitución Nacional no va a solucionar, de una vez por todas, los graves problemas del agua. Pero tienen la enorme virtud de aclarar su significado social y ambiental, crear espacios para que los colombianos luchen por su conservación y armar a los ciudadanos de los instrumentos jurídicos que les permita reclamar a los gobernantes su protección y suministro como bien esencial.

¡A firmar la solicitud de convocatoria del referéndum! Los colombianos necesitamos hoy, más que nunca, escenarios para construir la solidaridad y la convivencia, y difícilmente se encuentra una mejor oportunidad como esta, dirigida a garantizar el agua y la conservación de los ecosistemas que soportan su ciclo, para el bien de las presentes y futuras generaciones y los otros seres vivos que habitan la Tierra.