Manuel Rodríguez Becerra

La alcaldesa Claudia López expidió el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por decreto, de conformidad con la ley y ante la incapacidad que demostró el Concejo para adelantar su debate, agotándose el tiempo para su aprobación o negación. En medio de la controversia suscitada por esta decisión, diversos sectores han subrayado que el nuevo POT ha hecho un notable avance en la protección del medio ambiente (véanse los editoriales de este diario: ‘El polémico POT’, 3 de enero, y de ‘El Espectador’: ‘Entre peleas Bogotá tiene POT’, 2 de enero).

En el POT se avanza de manera importante en la incorporación del medio ambiente en la visión del futuro de Bogotá, al ponerla en línea con la urgencia de enfrentar la profunda crisis ambiental que atraviesa el planeta y que se expresa en forma dramática en el cambio climático, el declive de la biodiversidad, el mal uso del suelo y la creciente escasez de agua. Son cuatro problemas que tendrían negativas e irreversibles consecuencias para el bienestar de los habitantes del Distrito si no se desarrollan y consolidan a cabalidad los diferentes contenidos ambientales que hoy, por fortuna, contiene el POT.

En el POT se establece la Estructura Ecológica Principal (EEP) como el componente de mayor jerarquía para orientar el ordenamiento territorial, y se incrementa su área de 96.727 a 123.762 hectáreas. La EEP es el conjunto de ecosistemas que prestan servicios ambientales críticos para la ciudad, como son la mitigación y adaptación al cambio climático, el agua, la protección de la flora y la fauna, y el uso público compatible con la conservación. En el nuevo POT se actualiza la concepción de la EEP, que incluye: áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), como el páramo de Sumapaz y la reserva de los cerros orientales; zonas de conservación del orden distrital; áreas de especial importancia ecosistémica, en particular los páramos y el sistema hídrico, y áreas complementarias como los parques contemplativos y de borde y los conectores ecosistémicos.

A partir del POT, la reserva Thomas van der Hammen hace parte de la Estructura Ecológica Principal, con lo que se cierra el intento de urbanizarla. Así mismo, el área de ocupación pública prioritaria de los cerros orientales, que conecta la zona urbana con la mencionada reserva forestal, será rural, con lo que se da, también, punto final a los proyectos de urbanizarla.

Bogotá contará con 4 nuevos parques ecológicos de montaña, en adición a los 8 existentes, entre los que se destacan Cerro Seco y Serranía del Zuque. Así mismo, se adicionan dos nuevas áreas protegidas de humedales: Hyntiba-El Escritorio (Fontibón) y Tinigua Azul (Kennedy-Bosa). Aunque se avanza en convertir los humedales en reservas en lugar de parques y en prohibir obras de endurecimiento, se sustrae una valiosa área del humedal Capellanía para dar paso a la ALO. También es negativa la reducción del corredor ecológico del río Tunjuelo, en relación con lo establecido en el decreto 190, para dar paso a proyectos de construcción, situación que podría ser ajustada al aprobar la respectiva actuación estratégica.

El nuevo POT impide el crecimiento de Bogotá sobre el área rural del norte, la cual tiene excepcionales valores agroecológicos, y restablece el ancho de la zona de manejo y protección ambiental del río Bogotá a 270 metros, con excepción de algunas zonas ya ocupadas, una decisión fundamental para mitigar las inundaciones cada vez más frecuentes y agudas producto del cambio climático.

La orientación ambiental del POT no fue el producto de la acción solitaria de la tecnocracia del Distrito Capital, como algunos lo han sugerido. Durante su campaña hacia la alcaldía, Claudia López firmó el Compromiso Ambiental por Bogotá, elaborado por más de 20 organizaciones sociales, que muchos otros ciudadanos y organizaciones también defendimos, en virtud de la pertinencia de sus propuestas. La casi totalidad de ellas fueron adoptadas en el POT como un buen ejemplo de la concertación entre la Administración y la ciudadanía.