Manuel Rodríguez Becerra

El saqueo de la madera del Parque Natural Nacional Catíos, ubicado en la región del Darién,  y la creciente destrucción  del Páramo de Sumapaz, son una voz de alarma sobre la debacle ambiental que podría ocurrir en las regiones  del país que han estado dominadas por el conflicto armado en las última décadas y que, como un exitoso resultado de la política de seguridad democrática, están ya, o estarán en un futuro que no parece lejano, limpias de la presencia de los grupos armados ilegales.

Diversos medios de comunicación han denunciado el caso del páramo de Sumapaz, en donde, según reciente noticia aparecida en EL TIEMPO (05-06-08), cerca de 20.000 hectáreas de su vegetación natural han sido destruidas para establecer actividades agrícolas y pecuarias, y “las autoridades ambientales han comprobado la destrucción de hasta mil hectáreas en una sola temporada de dos o tres meses”. Y, como es evidente, la actual arremetida contra el páramo, que en su mayor extensión constituye un parque nacional natural, ha sido paradójicamente facilitada por el destierro de la guerrilla, cuya presencia inhibió a muchos empresarios de la papa y campesinos pobres de emprender actividades productivas en este valioso ecosistema, cuyo único destino debe ser su preservación. Y ha sido también facilitada por la débil presencia del Estado, puesto que la Unidad de Parques Nacionales, a pesar de su meritoria labor, no está en posibilidad de enfrentar solitariamente un problema cuya complejidad exige la decidida acción de diversas agencias estatales.

En forma similar, desde que el Gobierno recuperó el control sobre el Parque Nacional Natural Los Katíos se ha detonado la constante tala de su bosque natural. Y, según investigaciones de agencias del Estado, la madera extraída parece ir al mercado internacional. Su salida del país habría sido ilegalmente amparada mediante permisos otorgados para el aprovechamiento forestal de bosques ubicados por fuera del parque, en la región del Darién.

En Colombia está presentándose un fenómeno semejante al ocurrido en Angola, Camboya, Guatemala, Mozambique, Nicaragua y la República del Congo, países en los cuales la destrucción y degradación de sus bosques naturales y otros ecosistemas han aumentado durante el período de postconflicto. Precisamente, a partir del estudio de estos casos, el Centro Internacional de Investigaciones Forestales (Cifor) ha concluido que “las situaciones de postguerra pueden llegar a ser particularmente devastadoras de los bosques naturales. Cuando los conflictos terminan, los gobiernos, con frecuencia, incorporan a los insurgentes y proveen patronazgo a las fuerzas estatales desmovilizadas, permitiéndoles la extracción de madera y la transformación de áreas de bosques en tierras para la agricultura. Además, después del conflicto, los refugiados y los desplazados regresan a los bosques abandonados durante la guerra, y las gentes armadas desmovilizadas, con pocas fuentes de empleo, se dedican a actividades forestales ilegales”.

En Colombia, a semejanza de lo acontecido en los países mencionados, el conflicto ha generado enorme destrucción ambiental, como se evidencia, por ejemplo, con lo sucedido en la serranía de La Macarena y con la deforestación producida para el establecimiento de los cultivos ilícitos.

Pero, tal como lo están sugiriendo los casos de Los Katíos y Sumapaz, el balance ambiental del postconflicto podría llegar a ser mucho más negativo que el ocasionado por la guerra, si no se lanza desde ya una robusta estrategia de largo plazo para evitarlo. El gobierno del presidente Uribe tiene, entonces, la responsabilidad de no permitir que su política de seguridad democrática genere una situación de mayor inseguridad ambiental e injusticia social que, en últimas, nos colocaría lejos de alcanzar la paz.