Manuel Rodríguez Becerra

El Estudio Nacional del Agua 2014, publicado recientemente por el Ideam, nos trae las mismas malas noticias de todos los estudios nacionales del agua que se han publicado en los últimos 30 años: la gran riqueza en agua de Colombia está siendo destruida y degradada, a tal punto que es hoy tan solo un recuerdo para los habitantes de no pocos lugares del país.

Y es que este estudio, a similitud de los publicados por el Ideam en el 2010 o en 1998, o a los que en la década de los 80 elaboraron los desaparecidos Inderena e Himat, muestra con sólidas evidencias cuantitativas una creciente crisis que se manifiesta en diversos hechos: la desregulación del ciclo del agua producida por el arrasamiento y degradación de bosques, páramos y humedales, que hace más escasa el agua en épocas secas y la genera en exceso en las épocas de lluvias; la contaminación de los recursos hídricos por la mala disposición de las aguas servidas domésticas e industriales que las hace inutilizables para muchos propósitos; y la escasez de agua, o incluso la carencia, que un alarmante número de municipios sufre hoy, o sufrirá en el futuro, durante las épocas secas.

Además, el último Estudio Nacional del Agua precisa, como parte del diagnóstico, dos fenómenos que agravan la situación: el cambio climático y el incremento de la frecuencia del Niño/la Niña que se registra desde hace unos años.

Este clima cambiante, de origen global, ha magnificado la vulnerabilidad a la escasez y excesos del agua producida por su mal manejo, como se manifestó en la tragedia ecológica del Casanare, el año pasado, o en la tragedia invernal que tuvo lugar hace cuatro años, o como se manifiesta actualmente en la sequía por la que atraviesan diversas regiones del país.

¿Qué ha hecho el país frente a las conclusiones de estos voluminosos y juiciosos informes, elaborados por el Ideam y otras instituciones, que durante tres décadas han evidenciado con contundencia el aumento de la degradación y destrucción de las fuentes del agua en uno de los países con mayor abundancia de este recurso en el mundo? Como parte de la estrategia para detener y revertir esta situación, la Constitución de 1991 y la Ley 99 de 1993 asignaron cuantiosos recursos económicos con el propósito específico de invertirlos en los proyectos requeridos para la protección de las cuencas hidrográficas y la descontaminación de las fuentes de agua. Su monto, solo para el año 2012, ascendió a 458.000 millones de pesos, según el economista Guillermo Rudas, los cuales fueron administrados por las CAR (32 por ciento) y los municipios y departamentos (68 por ciento).

Como lo subrayé en columna anterior (28 de julio de 2014): ¿acaso no sería distinta hoy la situación si tan cuantiosos recursos se hubiesen invertido con eficacia, cada año y durante 22 años, en proyectos de reforestación de las cuencas y restauración de los humedales y de los páramos y, en general, en la protección de los ecosistemas que prestan el servicio del agua?

Evidentemente, no es solo un asunto de plata. Se requiere, sobre todo, de agencias públicas que cumplan con la ley y la hagan cumplir –en particular, las autoridades municipales y departamentales competentes, Minambiente y las CAR, y Minagricultura– y que trabajen en forma aunada con el sector privado y la sociedad civil en pos de la protección del agua.

Lo único cierto es que continuamos viviendo un fracaso espectacular en el manejo del agua, que se enmarca en el hecho de que la destrucción ambiental en Colombia esté fuera de control (o salida de madre), y en el hecho de que las políticas ambientales del gobierno del presidente Santos estén contribuyendo al empeoramiento de esta situación. Se requiere construir un tratado de paz con el medioambiente si lo que queremos es superar tan lamentable crisis.