Manuel Rodríguez Becerra

La minería, que se plantea como una gran oportunidad para el desarrollo, tiene hoy un rumbo que está conduciendo a la destrucción y degradación de valiosos ecosistemas de Colombia.

Necesario reconocer que el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, denunció la forma caótica y corrupta con la cual se otorgaron más de seis mil títulos mineros en el período 2006-2010. Pero lo que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no le ha aclarado a la opinión pública es que una de las causas principales del infortunado otorgamiento de los títulos, así como del descontrol ambiental de la minería y de muchos de los problemas sociales generados, se encuentra en el código minero vigente, expedido en el año 2001 y reformado en el 2009. Esta última reforma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en mayo del 2011, dando un plazo de dos años para la presentación del proyecto de ley que debe reemplazarla.

Lo grave es que el actual gobierno no parece dispuesto a corregir los graves problemas y vacíos en materia ambiental que presenta el Código tal como lo revela el nuevo proyecto de reforma que el Ministerio de Minas y Energía puso en circulación recientemente.

Uno de los mayores problemas de la legislación vigente es que no exige un ordenamiento ambiental del territorio previamente a otorgar los títulos mineros, con el fin de establecer en qué áreas del país y de sus diversas regiones es viable, o no, la actividad minera a partir de consideraciones ecológicas. Así, por ejemplo, en la Amazonia se han otorgado, o se encuentran en proceso de trámite, más de dos mil títulos mineros. Y de continuar, esta política inevitablemente traerá la destrucción de cientos de miles de hectáreas de bosque amazónico como consecuencia de la construcción de vías de penetración en la selva y otras infraestructuras necesarias para la actividad minera. Algunos dirán que estos impactos indirectos se podrían controlar con una debida acción gubernamental, pero no existe un solo ejemplo en el mundo en que se haya podido evitar la destrucción masiva de la selva tropical que detonan los enclaves mineros en regiones como la Amazonia. Bien valdría que el Gobierno aclarara qué áreas y qué extensión de la selva amazónica se dispone a sacrificar en aras de la explotación minera. Aclaración que debería también hacer en el caso de la explotación petrolera.

Pero son muchos más los problemas del código minero, que no toca el proyecto de reforma, entre otros: la eliminación de la licencia ambiental para la fase de exploración; la práctica inexistencia de calificaciones para la solicitud de títulos mineros (¿por qué diablos se confía la minería en complejos ecosistemas a firmas de especuladores o de aprendices?); los inconvenientes procesos y condiciones para combatir la minería ilegal; la degradación de derechos de las minorías étnicas; y la limitación de los causales para negar una licencia ambiental. Si bien, en el nuevo proyecto, se incorpora la norma sobre la exclusión de algunos ecosistemas de la actividad minera, como páramos y humedales Ramsar, que hacía parte de la caída reforma, aquella exige como requisito para su declaratoria el concepto previo de la autoridad minera nacional. Lo único que nos faltaba es que sean los mineros quienes decidan sobre los ecosistemas que vale la pena, o no, conservar en el país.

Así pues que la política minera está siendo orientada en dirección contraria al discurso del alto gobierno que aboga por la protección de las aguas, los bosques y la biodiversidad. Y si las cosas continúan como van, este discurso se reducirá a una vacua retórica ambiental, incluyendo la de la “minería limpia”, adornada por la creación de un ministerio del ambiente que poco tendrá para hacer frente a esta locomotora minera que parece estar transformándose en una aplanadora del patrimonio natural del país.