Manuel Rodríguez Becerra

“No podemos dejarnos ganar por los ambientalistas radicales”, sentenció Natalia Gutiérrez, la nueva directora de la Agencia Nacional de Minas (ANM), en Portafolio del 28 de septiembre del 2014.

Aparte de la indigestión de poder que manifiesta con su declaración, la directora de la ANM no pudo sintetizar mejor la visión ambiental del gobierno de Santos. Y es que este gobierno rechaza, y en ocasiones estigmatiza, a todo grupo social, o a todo ambientalista, que se le ocurra cuestionar alguna política o proyecto de desarrollo que, en su interpretación, moleste en algo la denominada “seguridad jurídica del inversionista”.

Y, en consonancia con esta visión, el Gobierno trata de esconder, mediante la publicidad y el discurso, el hecho de que la protección ambiental sea hoy un asunto de baja prioridad. Y manipula los pocos destellos que tiene su política ambiental, como por ejemplo la creación y ampliación de áreas protegidas, para hacer el más clásico green washing.

Si no es así, ¿por qué se ha mantenido al Ministerio de Ambiente, que se creó con gran bombo en el 2011, como una institución famélica, como lo indica su paupérrimo presupuesto, que hoy llega a un tercio, en términos reales, del que llegó a tener en 1998?

Si no es así, ¿por qué se nombraron cinco ministros de Ambiente durante el primer mandato de Santos, la mayor parte de los cuales no tenía calificación alguna para ejercer el cargo?

Y, si no es así, ¿por qué el sexto ministro, Gabriel Vallejo, se estrenó con dos falsas salidas ambientales? Y es que pocos días después de posesionado declaró que el Gobierno tenía bajo control los riesgos e incertidumbres asociados con el fracking y sugirió que la solicitud de moratoria que presentamos diversas organizaciones es fruto de nuestra falta de entendimiento de la materia. Vaya y venga. Y es que ante la locomotora del fracking que el Gobierno ha puesto en marcha, el Ministro de Ambiente podría prestar un mejor servicio al país mediante el reconocimiento de los problemas asociados con esta técnica, sobre los cuales existe una amplia evidencia científica, y no tratando de minimizarlos, como si fuese el ministro de energía o el presidente local de una empresa multinacional petrolera.

Además, después de gran controversia, el ministro Vallejo expidió la licencia ambiental exprés. En el decreto se identifican algunas positivas correcciones del proyecto original, incluyendo las solicitadas por la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Pero la norma presenta graves problemas. Por ejemplo, se mantiene la obligación de las autoridades ambientales, contenida también en el decreto que sustituye, de pronunciarse en un máximo de noventa días sobre la viabilidad ambiental de un proyecto, independientemente de su complejidad. Un absurdo. ¿Por qué se condena al país a aprobar en plazo tan ridículo proyectos de alta complejidad, como La Colosa o una hidroeléctrica? ¿Acaso el Minambiente colombiano calificaría como “ineficiente” el hecho de que en los Estados Unidos el otorgamiento de licencias de proyectos complejos se llegue a demorar varios años, como es el caso actual del oleoducto Keystone XL?

Pero los casos del fracking y de la licencia ambiental exprés son solo dos expresiones más de la visión del Gobierno de otorgar prioridad a la seguridad jurídica del inversionista frente a la protección ambiental. Es una visión que se ha venido profundizando y que, en forma creciente, muchos ciudadanos y comunidades rechazan, puesto que se está poniendo en riesgo la seguridad ambiental de la colectividad, con lo que se estarían violando la Constitución y la ley. Bien valdría la pena un diálogo político entre el Gobierno y la sociedad civil para llegar a acuerdos sobre el futuro del medioambiente de Colombia, que hoy enfrenta, más que nunca, amenazas construidas desde el propio Gobierno, con patente de corso otorgada por el Ministerio de Ambiente.