Manuel Rodríguez Becerra

El proceso de ajuste fiscal se perfila como un nuevo “terminator” del medio ambiente de Colombia.

Así lo sugieren las consecuencias que podría llegar a tener la drástica reducción de los presupuestos de inversión y de funcionamiento del sector ambiental, que hacen parte del paquete de las políticas económicas en curso.

Esas medidas se traducirán necesariamente en una menor capacidad del Estado para proteger el patrimonio natural de la nación. Sobre ello no hay que llamarse a engaños. Menores recursos para la gestión ambiental significa, entre otras cosas, recortar programas de control de la contaminación en los centros urbanos y en el sector rural, detener procesos en curso de restauración de los ecosistemas (por ejemplo, la Ciénaga Grande de Santa Marta), descontinuar proyectos de investigación críticos para conocer el estado de los recursos naturales, deteriorar la infrestructura para atender los parques naturales nacionales, y debilitar el proceso de consolidación de los resguardos indígenas y de las propiedades colectivas de las comunidades negras, que comprenden el 30 por ciento del territorio nacional. Significa también, y ello es muy grave, contar con menor capacidad en el conjunto de autoridades ambientales para hacer que los ciudadanos respeten la Ley y cumplan con la normatividad ambiental. En todas estas materias, hay que subrayarlo, se han hecho sustantivos avances en el último decenio, a partir de la expedición de la Ley 99 de 1993 de creación del Ministerio del Medio Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental, tal como ha sido ampliamente reconocido por diversas entidades internacionales, entre las cuales se cuentan el BID, el Banco Mundial y la Cepal.

De acuerdo con el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, actualmente en trámite en el Congreso, la inversión para el sector ambiental en el período 2003-2006, se reduce en un 50 por ciento en términos reales en relación con el presupuesto ejecutado durante los cuatro años del gobierno anterior. Estos recursos no incluyen las significativas rentas que reciben las corporaciones autónomas regionales, procedentes del sector eléctrico y el impuesto predial. Pero estos últimos se concentran en seis corporaciones, lo cual significa que las 27 restantes, así como los institutos de investigación, y el mismo Ministerio, dependen fundamentalmente de aquellos recursos incorporados en el Plan de Inversiones que son materia de la mencionada reducción. Algunos podrán arguir que el sector ambiental ha sido simplemente objeto de los necesarios ajustes que se vienen realizando a lo largo y ancho de la administración pública. Pero frente a este tipo de argumentos habría qué preguntarse porqué ha sido objeto del mayor recorte presupuestal registrado en comparación con todos los otros sectores de la actividad pública, un hecho que plantea serios interrogantes sobre la prioridad que el tema tiene para el actual gobierno. De mantenerse esta situación, sería justo que se hiciera claridad en el Plan Nacional de Desarrollo sobre cuáles son las acciones para la protección ambiental a que estamos renunciando y sus posibles consecuencias. En esta última situación estaríamos ante una eventual mejora de la salud de la economía y un empobrecimiento del patrimonio natural de la nación.