Manuel Rodríguez Becerra

La Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos inició recientemente una campaña para instar a los norteamericanos a tomar agua del grifo, que parte de la constatación de los negativos impactos ambientales del agua embotellada. Además, el burgomaestre de San Francisco y líder de la Conferencia, Gavin Newsom, prohibió a todas las dependencias de su municipalidad la compra de aquel producto con recursos del erario público.

Son múltiples los problemas ambientales generados por el agua embotellada en los Estados Unidos: en el año 2006, el consumo per cápita por mes de este producto alcanzó los 107 litros, lo cual significó un gasto de 16.000 millones de dólares y la producción de 50.000 millones de botellas de plástico, de las cuales 36.000 millones fueron a parar a los rellenos sanitarios, así como la generación de gases de efecto invernadero como consecuencia del transporte requerido.

No falta quien afirme que esta campaña es un escándalo coyuntural y sin mayor consecuencia, toda vez que el agua embotellada es tan solo uno más en la larga lista de productos superfluos de la sociedad norteamericana que causan daños al medio ambiente. Pero este debate es una de las muchas expresiones del surgimiento en los Estados Unidos de un nuevo ambientalismo, en gran parte liderado por políticos profesionales -como el alcalde de San Francisco, el gobernador de California y el ex vicepresidente Gore-, que ha encontrado eco en las altas cortes y que está colocando de nuevo el tema entre las prioridades públicas.

¿Qué relevancia tiene el tema del agua embotellada para Colombia? Precisamente, la Corporación Ecofondo viene adelantando desde hace dos años una campaña por la protección del agua como bien público, que, entre sus componentes, pretende crear conciencia sobre cómo el creciente consumo de agua embotellada significa, en últimas, un proceso de privatización de este bien público. Entre otras, porque en la medida en que más ciudadanos incorporen al agua embotellada como parte de su vida, más se está aceptando que son las grandes empresas embotelladoras, y no los gobiernos municipales, los responsables del suministro de agua segura para beber.

Precisamente, ahora que estamos en campaña para alcaldes, la ciudadanía debería exigir a las próximas administraciones locales que garanticen un servicio de suministro de agua apto para el consumo humano. La urgencia del tema la dejó clara la Defensoría del Pueblo en un reciente diagnóstico que concluye que en 84 por ciento de 955 municipios analizados la calidad del agua de los acueductos no cumple con los parámetros exigidos.

Pero es también claro que existen importantes excepciones a esta situación, representadas principalmente en las grandes ciudades, es decir allí donde se concentra la mayor parte de la población. Así, por ejemplo, Bogotá cuenta con una excelente agua para beber, procedente predominantemente de una fuente de alta calidad -Chingaza-, que cualquier ciudad del mundo envidiaría. La Alcaldía de Bogotá bien podría retomar la campaña a favor del consumo del agua del grifo para que así los ciudadanos colaboren en la protección ambiental y no gasten sus recursos económicos en forma innecesaria. Se trata de una política que debería contemplar la ubicación de fuentes públicas de agua para beber en toda la ciudad, así como la prohibición de comprar agua embotellada por cuenta de los recursos estatales.

Bogotá marcaría así una nueva pauta para el comportamiento público que deberían imitar todos aquellos municipios que garanticen un adecuado servicio de agua potable, una meta, esta última, que está al alcance de las posibilidades del país, tal como lo viene reiterando el presidente Álvaro Uribe. En fin, el tema del agua de la llave versus el agua embotellada bien merece un pronunciamiento de los candidatos a las alcaldías.