Manuel Rodríguez Becerra

Si el Ministro se descuida, las casas que inaugure se van a quedar sin agua.

El sistema natural de Chingaza se encuentra en proceso de deterioro. Es urgente detener esta situación, puesto que este páramo constituye la principal fuente de agua potable de Bogotá y tiene un gran valor por su diversidad de flora y de fauna, su papel para regular el clima y su inigualable belleza.

Recientes estudios llevados a cabo para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por el biólogo Mario Avellaneda han revelado una pérdida aproximada de 5.000 hectáreas de bosque andino y altoandino en el entorno del Sistema Chingaza en el período 1988-2003, que se han dedicado a actividades ganaderas de baja productividad. Es un preocupante fenómeno toda vez que existe información científica que demuestra el significativo papel que el cinturón de bosque andino y altoandino que rodea al páramo tiene para su ciclo hídrico.

Además, el páramo mismo se encuentra en ciertas áreas amenazado por la creciente cacería ilegal y la presión de la actividad ganadera y los cultivos de papa. Pero estudios como este, aparecidos en los últimos años, que nos advierten en forma precisa sobre los procesos de deterioro de las áreas protegidas, parecen haber sido ignorados por sucesivos gobiernos en la asignación de recursos económicos para el sistema de parques nacionales.

La situación sería mucho más grave si no fuese por la meritoria labor adelantada por la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, y el jefe del Parque Chingaza, Carlos Lora, y su equipo, no obstante sus inmensas limitaciones de recursos económicos y técnicos, así como por las diversas acciones adelantadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Pero todo lo realizado está muy lejos de ser suficiente.

Para corregir esta situación, existe un amplio repertorio de medidas, entre las cuales sobresalen la compra por parte de la Nación de algunas áreas fundamentales ubicadas en el parque, la concertación de diversas estrategias con los propietarios de predios dentro del mismo o en su entorno con miras a la protección y restauración, y naturalmente entregarle a la Dirección del Parque los recursos requeridos para su administración.

¿De dónde saldría la plata para el efecto? La respuesta es obvia: de las tasas de uso de agua (cuya tarifa se redujo a un valor insignificante y en forma injustificable en la primera administración del presidente Uribe), y de recursos económicos adicionales que deben aportar otras instituciones y en particular la Alcaldía, el Acueducto de Bogotá y la CAR, en representación de los 7 millones de habitantes de la capital que se benefician de las aguas de Chingaza. Así lo he argüido en la Junta Directiva del EAAB a la que pertenezco. Se daría así cumplimiento al principio según el cual quienes se benefician de los servicios de un ecosistema deben pagarlos para que se reinviertan en su protección.

Con el fin de lograr estos propósitos, se requeriría la intervención directa del ministro de Ambiente, Juan Lozano, dado que su cartera tiene la obligación legal de proteger en forma especial las zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de agua y recarga de acuíferos. Entre otras, debería tomar todas las medidas conducentes a que Bogotá cumpla con su obligación legal, sistemáticamente desconocida, de dedicar el 1 por ciento de su presupuesto a la compra de predios para proteger sus fuentes de agua potable, ratificada en buena hora en el Plan de Desarrollo.

Desafortunadamente, el Ministro parece hoy muy inclinado hacia los eventuales réditos políticos que le podrían generar la repartición de subsidios de vivienda y los planes del agua potable como para dedicarse a la difícil y silenciosa labor de alcanzar los acuerdos de alto nivel político que aseguren la protección de los parques nacionales, en este caso de Chingaza. Si no lo hace, los acueductos y las casas que inaugure a la postre se van a quedar sin agua.