Prioridad: Educar inversionistas
(Cómo nació y para dónde va el Proyecto Biopacífico)
Por: Revista ECO-LOGICA | mayo 1996 Pág. 18-23
¿Cómo consiguió el gobierno la donación de US$ 9 millones para conservar el Chocó biogeográfico? ¿Qué papel juegan las comunidades, el Estado y los inversionistas privados?
Responde Manuel Rodríguez, gerente del Inderena y director del proyecto.
Hace tres años, los países más ricos del mundo decidieron donar mil millones de dólares para crear el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Global Environment Facility-GEF).
Este fondo se destinaría a financiar programas ambientales en los países del Tercer Mundo, exclusivamente en cuatro áreas que las naciones del Norte consideran problemas globales: reducción de la capa de ozono, calentamiento de la tierra, contaminación de mares y océanos, y protección de la biodiversidad.
A finales de 1990, el GEF, formalmente constituido, abrió la convocatoria internacional para la presentación de proyectos. En el caso colombiano, la oferta fue atendida con-juntamente por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Am-biente (Inderena) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que presentaron 20 proyectos sobre los cuatro temas “globales”.
El único proyecto que logró captar la atención de los jurados del GEF fue la propuesta de conservación de la biodiversidad en la región biogeográfica del Chocó, por figurar en la lista de los diez hot spots o áreas prioritarias de conservación más biodiversas y amenazadas del planeta.
De hecho, en esa misma época, la atención de la comunidad científica mundial empezaba a desplazarse de la Amazonia -considerada hasta entonces el banco genético más importante del planeta- hacia el andén Pacífico del norte de Suramérica o región biogeográfica del Chocó, donde empezaba a descubrirse una prodigiosa diversidad de especies, especialmente de flora.
Contrario a lo que se suele creer, el Chocó biogeográfico no se limita al departamento de ese nombre, sino que abarca todo el andén Pacífico del norte de Suramérica, desde la frontera con Panamá hasta la del Ecuador. El 92% de su extensión está ubicado en territorio colombiano en los departamentos de Marino, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba y Risaralda.
Por eso, desde el principio el proyecto fue planteado como una iniciativa del gobierno colombiano y su dirección general quedó en cabeza del gerente del Inderena, Manuel Rodríguez Becerra, quien describe así el 5 “parto” y los alcances del polémico proyecto:
ECO-LÓGICA: ¿Cómo consiguió Colombia la donación de US$ 9 millones del GEF para financiar el proyecto de Biopacífico?
MANUEL RODRÍGUEZ: Luego de detectar el interés del GEF, nos concentramos en elaborar una propuesta ajustada a las exigencias del organismo internacional, pero adaptada también a la realidad socioeconómica de una de las regiones más deprimidas del país.
En la concepción del proyecto participó un nutrido conjunto de funcionarios, entre quienes se destacan Jorge Hernández Camacho, cabeza científica del Inderena, y Diana Pombo, en ese entonces coordinadora del Programa Colombia de Cooperación Internacional para el Medio Ambiente.
El GEF decidió delegar la negociación del proyecto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una de cuyas funcionarías, la colombiana Claudia Martínez, cumplió un papel clave en la tramitación del mismo.
¿Es cierto que el Banco Mundial, entidad que maneja en fiducia los fondos del GEF, inicialmente se opuso a entregar ese dinero a Colombia?
Al principio existían dudas del Banco Mundial sobre la capacidad del gobierno colombiano, y particularmente del Inderena, para manejar estos recursos. Ello se debía a una cierta “estrella negra”, originada en la década del 80 cuando el Instituto perdió un crédito por us$ 13 millones para adelantar el Programa de Recuperación del Alto Magdalena (PROCAM).
Sin embargo, en visita oficial del presidente Gaviria en 1990 al PNUD en Washington, y tras un intenso “lobby” con los funcionarios del Banco Mundial y las Naciones Unidas, se logró vencer ese prejuicio. Finalmente el GEF decidió aprobar la primera versión del proyecto.
Se creó entonces un comité ejecutivo, constituido por el Banco Mundial, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y los representantes del gobierno colombiano. Los recursos serían administrados por el PNUD y mantenidos en fiducia por el Banco Mundial.
En una región tan pobre como la del Pacífico colombiano, ¿cómo plantearon la propuesta de ejecutar US$ 9 millones para conservar la biodiversidad?
La realidad del Pacífico colombiano es que. sí no somos capaces de resolver las condiciones de pobreza de las comunidades negras, indígenas y mestizas, con base en el uso sostenible de los bosques, nunca lograremos conservar esa región.
Después de discutir cinco versiones, se aprobó una propuesta final que conserva la concepción original del proyecto en tres pilares fundamentales:
a. Aumentar el conocimiento de la biodiversidad de la región, a través de la investigación científica. Si bien los científicos sospechan que esta región podría ser la más biodiversa de la Tierra, existe poca documentación.
b. Explorar usos potenciales y sostenibles de la biodiversidad en favor del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región. Desarrollar así un conjunto de proyectos piloto para crear paquetes tecnológicos que puedan ser utilizados por las comunidades de la región para el uso de la fauna y flora “in situ” (en el medio silvestre) y “ex situ” (en laboratorios, zoocriaderos, etc.). En el caso de la fauna, por ejemplo, existe una serie de roedores suceptibles de zoocría como fuente de proteína para la gente de la región.
c. Traducir y difundir la información científica sobre las singularidades ambientales del Pacífico para orientar una nueva forma de manejo, uso y administración de sus recursos por parte de las comunidades, el Estado, los gobiernos locales y nacionales, y las empresas y capitales privados que invierten en la región.
La idea es desarrollar estrategias para que estos sectores tomen conciencia de la importancia y fragilidad de la región, así como de las formas alternativas de desarrollo sustentable.
Si el proyecto fue aprobado desde octubre del 91, ¿por qué tardó casi un año en despegar?
Después de dilatadas discusiones, se creó la estructura interna del Proyecto Biopacífico, cuya coordinación nacional fue encargada al consultor ambiental Fernando Casas. Este coordina en Bogotá, bajo la dirección del Inderena, el DNP y el PNUD, un grupo de 17 profesionales, dedicados a coordinar las áreas de investigación científica, análisis socio-económico, comunicación, educación y organización institucional.
¿Por qué el proyecto no incluye el mar?
Biopacífico no cobija el mar, ni los recursos hidrológicos continentales ni tampoco los recursos madereros. Otros proyectos, financiados con recursos internacionales, se ocupan de esas áreas.
El Plan de Acción Forestal para Colombia (PAFC) se encargará de los recursos forestales maderables, a través de varias estaciones que darán asistencia técnica a las comunidades.
También está en marcha un programa de fortalecimiento y creación de Parques Natu-rales, adicionales a los ocho ya existentes en la región, financiado con US$ 8 millones del gobierno de Holanda, y evaluado por el World Wild Fund-WWF (Fondo Mundial para la Protección de la Vida Silvestre).
Adicionalmente, se adelanta el proyecto de protección de manglares, por valor de US$ 2.5 millones, financiado por la Organización Internacional de Maderas Tropicales.
Varios críticos, especialmente en el Pacífico, cuestionan el carácter centralista del proyecto y la falta de consulta a las comunidades durante su formulación.
Antes de su aprobación y con el fin de no crear falsas expectativas, no divulgamos el proyecto entre las comunidades. Sin embargo, el plan operativo fue distribuido entre más de mil personalidades locales y nacionales para recoger sus críticas y propuestas.
En cuanto a la sede, decidimos escoger a Bogotá porque es la única ciudad que brinda la infraestructura necesaria para las comunicaciones y operatividad del proyecto. Sin embargo, tenemos comunicación permanente con las comunidades del Pacífico, a través de cuatro coordinadores regionales en Quibdó, Apartado, Popayán y Buenaventura, además de una subsede en Guapi, Cauca.
Pero, ¿por qué excluyeron a las comunidades en la formulación?
El reto de Biopacífico es orientar un cambio radical de la imagen y el manejo de los recursos de la región. Si bien las comunidades tienen enorme influencia y en ningún momento pueden descuidarse, no son las únicas fuerzas que operan allí.
Los movimientos “verdes”, por falsos pudores sobre su interrelación con el Estado, los políticos y el sector privado, tienden a concentrarse únicamente en las comunidades, a mi juicio, de una manera equivocada y reduccionista.
De hecho, existen en el Pacífico otras fuerzas externas que inciden radical y casi siempre negativamente, en el uso de los recursos: el Estado, los gobiernos nacionales y locales, los inversionistas privados y los inmigrantes del interior del país.
En esos niveles, y en general en todo el país, existe una gran inconsciencia sobre la diversidad biológica. Es un tema que pertenece a los círculos cerrados de científicos y, en otro plano, a las comunidades negras e indígenas que han demostrado durante siglos formas armónicas de convivencia con la biodiversidad del Pacífico. Armonía que cada día se pierde debido, precisamente, a la presión de estas fuerzas externas. Es el caso de algunos resguardos indígenas del Parque Natural Utría, donde la caza tiene en peligro de extinción un alto porcentaje de fauna.
¿En qué medida la acción depredadora del Estado ha sido amparada por el Inderena?
La historia de las obras públicas en el Pacífico es una historia de depredación, uso de tecnologías no apropiadas y, en muchas ocasiones, de corrupción.
En la memoria del Inderena hay un extenso historial de conflictos con los ministerios de Obras Públicas, Minas y otras entidades del Estado, por construcción de carreteras, hi-droeléctricas y otras obras de infraestructura sin contemplaciones ambientales.
Por ejemplo, Inderena tuvo que suspender la construcción de la carretera que comunicaba a Bahía Málaga con el río San Juan, porque estimularía la deforestación del bajo San Juan, sin que el Estado pudiera tener presencia para controlarla.
Igualmente, un tramo de la carretera Panamericana, que comunicaría a Pereira con el Pacífico, fue suspendido por falta de licencia ambiental.
En proyectos hidroeléctricos, el Instituto negó el concepto de viabilidad ambiental para la construcción de las hidroeléctricas Arrieros de Micay, y para el Proyecto Calima ni, que contemplaba el trasvase del río Cauca sobre el Calima.
La base naval de Bahía Málaga, construida en un área con vocación de Parque Natural, ¿es otro ejemplo de las obras públicas depredadoras?
La base naval, construida durante el gobierno de Belisario Betancur, es un buen ejemplo de una obra hecha sin tomar todas las medidas de control del impacto ambiental. Ello ha traído graves perjuicios para el bosque de la región. Particularmente grave fue la construcción de la carretera Buenaventura-Bahía Málaga, que propició la destrucción de buena parte de los bosques vecinos en forma totalmente irracional y en un área considerada de alta biodiversidad.
Tampoco hoy parece haber articulación entre los planes de desarrollo del Pacífico y la variable ambiental.
El Proyecto Biopacífico, junto con el de zonificación ambiental de la región, financiado con recursos del Banco Mundial, deberán ser las guías para que el país decida qué áreas del Pacífico se pueden sacrificar para obras de desarrollo y cuáles no.
Partimos de aceptar la necesidad de las obras (puertos, vías, poliducto, hidroeléctricas, etc.), pero antes hay que conocer las singularidades físicas de la región para no perder las inversiones ni el patrimonio natural.
El problema del Pacífico es su gran fragilidad ecológica. El director del Jardín Botánico de Londres me decía que el ideal era no tocar ni una hoja. Explicaba que, además de la alta biodiversidad, está conformado por una serie de mosaicos ecológicos, con muchos ende-mismos y ecosistemas únicos, que desaparecerían para siempre porque no hay similares en el Pacífico ni en el planeta.
Hacer una obra en el Pacífico implica multimillonarias inversiones: se trata de intervenciones en plena selva húmeda tropical, y no en una zona atemperada de los Andes o del Caribe, donde las condiciones son menos complejas para la construcción de infraestructura.
Las condiciones climáticas del Pacífico son muy adversas. No hay que olvidar que es una de las zonas más lluviosas del mundo. Hay muy poca experiencia de cómo diablos manejar una región donde llueve entre 4 mil y 14 mil milímetros al año.
La sola construcción de una carretera en medio de tanta lluvia, ya de por sí crea problemas serios de ingeniería. La fragilidad de los suelos eleva los costos de mantenimiento porque la lluvia levanta el pavimento y… ¡llueve todos los días!
¿Son esas las condiciones para construir la carretera Panamericana a través del Tapón del Darién?
El actual gobierno, así como los de Panamá y México, se han mostrado muy interesados en finalizar esa vía que habría de unir todo el continente, desde la Patagonia hasta Alaska.
Sin embargo, es bueno recordar dos ejemplos que ilustran las dificultades de construir carreteras en el Pacífico para que no nos hagamos tantas ilusiones: no hemos sido capaces de construir la famosa Carretera al Mar, vía Medellín-Urabá (recordemos que el Urabá antioqueño hace parte del Chocó biogeográfico) ni tampoco de concluir adecuadamente la carretera Cali-Buenaventura.
Eso da una idea de la magnitud del problema: las dos zonas de mayor empuje industrial del país han sido incapaces de comunicarse con sus puertos sobre el Pacífico. No ha habido recursos para hacerlo.
Si no hemos logrado unir el interior del país con el Pacífico, y ni siquiera los antioqueños han podido comunicar su zona bananera con el mar, ¿por qué decimos ahora que somos capaces de construir la carretera que va de Muquí hasta el Darién, y conectarla con la Panamericana a través del Tapón?
No sólo no existe conciencia ambiental sobre las implicaciones de la obra, sino que tampoco hay plata para eso. Se corre el peligro de terminar construyendo carreteras mediocres y desatando catástrofes ambientales de marca mayor.
¿Es el mismo grado de riesgo de los proyectos portuarios de Tribugá y Urabá?
En este gobierno se ha hablado mucho del Pacífico como sede del gran desarrollo portuario para el siglo XXI. Pero habrá que decidir cuáles bahías se van a conservar y cuáles se sacrificarán para construir puertos.
Hay dos experiencias que demuestran cómo NO deben hacerse puertos en el Pacífico: Buenaventura y Tumaco, construidos sin considerar las rudas condiciones de altas mareas, las famosas “pujas y quiebras” del Pacífico. Estas implican unos sistemas de alcantarillado, acueducto y saneamiento ambiental muchísimo más sofisticados y costo-sos que los del interior del país o del Caribe, donde no existe ese régimen de marea.
Soy consciente de que se requiere el desarrollo del Pacífico. Pero también, de la im-portancia de seleccionar aquellas obras que sean necesarias, ambientalmente factibles, y para las cuales haya plata.
¿El poliducto propuesto por Ecopetrol es una de ellas?
Es poliducto es otro ejemplo de cómo el sector público sigue concibiendo al Pacífico al margen de sus singularidades ambientales.
Ecopetrol planteó que la única alternativa de construir el poliducto, que abastecería al occidente del país, era desde Bahía Málaga hasta Buga, atravesando el bajo Calima, donde hay bosque valioso por su alta biodiversidad. Incluso, la CVC, que se supone es la autoridad ambiental de la región, llegó a decir que esa era la alternativa más deseable.
Pese a las presiones y los “sambapalos” del sector público y privado, Inderena insistió en buscar otra alternativa: construir el poliducto a través del cañón del río Dagua. El impacto es mínimo debido a que esta zona ya ha sido bastante intervenida.
Debe reconocerse la concertación entre Ecopetrol y las comunidades negras e indí-genas, que demuestra cómo las obras necesarias para el Pacífico pueden concertarse sociocultural y ambientalmente.
¿Cómo se va a controlar el éxodo de maderas del Chocó, auspiciado entre otras por industrias como Cartón Colombia y Pizano S.A.?
Lo principal es la consecución de un crédito por US$ 30 millones con el Banco Mundial, para instalar seis grandes estaciones forestales en el Pacífico, encargadas de vigilar y dar asesoría técnica a comunidades y a empresarios en la explotación sustentable del bosque. Además, el Inderena inició la revisión de los permisos de aprovechamiento forestal vigentes, y en 1992 canceló 9 de 20. En cuanto a los permisos entregados por Codechocó a Pizano, solicitó una auditoría internacional y una veeduría de la comunidad para asegurar la explotación racional del catival. También pidió a Cartón de Colombia re alinderar el área de su concesión. Como resultado de las negociaciones, ésta devolvió la totalidad de la concesión, por lo cual se podrá salvar un 22% del bosque, parte del cual será declarado santuario de fauna y flora.
El gobierno busca controlar las grandes empresas madereras, pero encuentra graves dificultades con los pequeños aserríos y los comerciantes intermediarios, que han sido amparadas durante décadas por la impunidad.
¿Y frente a la invasión de inversionistas privados, incluso narco-capitales, que prácticamente están “comprando” el Pacífico?
Es claro que los grandes inversionistas, la mayoría paisas y caleños, están comprando buena parte de los territorios del Chocó biogeográfico, especialmente en las áreas de playa. Estos pueden tener tanto más influencia que el Estado y las mismas comunidades en la suerte de la región, y por eso son un blanco clave en la gestión de Biopacífico.
El Inderena no puede evitar la libre compra de tierras, salvo en áreas de Parques Naturales. El objetivo entonces es educar a estos inversionistas para demostrarles que la única garantía de no arruinar su inversión, es garantizar la conservación de los recursos en una zona frágil, rica en especies y muy diferenciada del interior del país.
¿No es demasiado tarde en casos como el de los compradores de las tierras de la carretera Bahía Solano-El Valle, que ya volvieron potreros los bosques?
Se trata de un grupo de inversionistas del Valle del Cauca que, según me informó su representante, se dispone hacer una inversión de US$ 7 millones en Bahía Solano casi el presupuesto de Biopacífico- en tres áreas: en el campo pesquero, en el hotelero y en el montaje de una finca agropecuaria. Esta última abastecería un hotel en Bahía Solano, con supuestas intenciones ecoturísticas.
Si eso es verdad, el Proyecto Biopacífico debería enseñarle un tipo de pesca sustentable, un turismo que excluya la caza y la pesca con arpón entre otras recomendaciones, porque si no acabarían con la fauna terrestre y submarina, los mayores atractivos turísticos de Bahía Solano.
Estos inversionistas ya hicieron una extensa tala de bosque sobre la carretera, pero acordamos la restauración de algunas áreas y la conservación de la cobertura boscosa en otras.
Insisto: el inversionista del Pacífico tiene que conocer las restricciones que la naturaleza le impone porque si no va a destruir ecosistemas únicos en el planeta y va a arruinar su propia inversión.