Manuel Rodríguez Becerra

Dos millones trescientos sesenta mil hectáreas fueron deforestadas en el período 2000-2007 -una extensión equivalente a la del departamento de Cundinamarca-, según reciente informe del Ideam. El área deforestada más que se duplicó en la primera década de este siglo en comparación con la década de los noventa, al pasar de 118.000 a 295.000 hectáreas anuales promedio. Y el asunto resulta aún más alarmante si se toma en cuenta que, de acuerdo con la FAO, la deforestación neta en el mundo disminuyó aproximadamente en un 37 por ciento, entre las dos décadas mencionadas.

En Colombia, en adición a la tala a tábula rasa, la extracción ilegal y selectiva de madera mediante técnicas altamente depredadoras, así como la cacería indiscriminada, siguen su marcha en diferentes rincones del país, lo cual ha detonado procesos de degradación de la biodiversidad de valiosos bosques, en el largo plazo. Muchos argumentan equivocadamente que la destrucción de los bosques naturales es un capítulo inevitable del desarrollo, que si los países industrializados destruyeron los suyos en pro de su crecimiento económico por qué la sociedad colombiana no podría hacer lo propio, etc.

Pero hay que recordarles, una vez más, que en Colombia no se requiere hoy talar una sola hectárea más de bosque para dedicarla a la actividad agropecuaria, que es una de las principales justificaciones del cambio del uso del suelo en grandes extensiones. En efecto, y según Fedegán, mediante un uso eficiente de las tierras ganaderas se podría producir la carne y la leche requeridas por el país, así como excedentes para la exportación y, simultáneamente, liberar entre diez y quince millones de hectáreas para dedicarlas a la agricultura, a las plantaciones forestales comerciales, o a la reforestación protectora de las cuencas hidrográficas. Precisamente, este gremio lidera en la actualidad un esperanzador programa de transformación ganadera que está demostrando que no solo es posible alcanzar esas metas sino que además trae consigo indiscutibles beneficios ambientales. Y si no se requiere abrir una mayor frontera agropecuaria, ¿por qué diablos se registra esta alarmante deforestación? Algo tiene que ver con los cultivos ilícitos, pero fundamentalmente, y aunque parezca paradójico, es el resultado de la apertura de nuevas tierras para la ganadería, es decir del incremento de la potrerización del país que se presenta en los Andes, el Caribe, la Amazonia y el Pacífico.

Se trata de un deplorable resultado de las perversiones de la política agropecuaria, las cuales se agravaron en los últimos años, como lo revela el incremento de la concentración de la propiedad de la tierra, fenómeno que es, a su vez, uno de los detonantes de la deforestación. Es, igualmente, preocupante el caso de la Orinoquia, una región dominada por el paisaje de sabana, en la cual la destrucción de sus bosques -que ocupan un 22 por ciento del área y que juegan un papel crítico en su ciclo del agua-, ascendió a 255.000 hectáreas entre 2000 y 2007. Se trata de un claro resultado de la forma anárquica en que se adelanta la conversión de sus tierras ganaderas para dedicarlas a una actividad agroindustrial intensiva.

Estamos, entonces, ante un fracaso monumental de la política ambiental de los últimos ocho años, que ahora intenta corregirse, entre otras, mediante la restauración y fortalecimiento del Ministerio del Ambiente. Y se espera que este Ministerio, a partir de las funciones que la ley le otorga desde 1993, contribuya a la construcción de la Ley de Tierras y de la nueva política agropecuaria mediante la propuesta de las medidas que sean del caso para detener la destrucción de los ricos bosques de Colombia y para garantizar un desarrollo agrario ambientalmente sostenible.