Manuel Rodríguez Becerra

La destrucción de los singulares valores ecológicos, culturales y paisajísticos de Bahía Málaga será inevitable si los empresarios del Valle del Cauca, en alianza con la Gobernación de ese departamento, tienen éxito en su intento de convertirla en un puerto comercial para barcos de gran calado.

Es lamentable que un influyente grupo de empresarios de esa región, liderados por la Cámara de Comercio y con respaldo de la Andi, haya resuelto saltarle a la yugular al proyecto de declaratoria de esa bahía como área protegida, justamente en el momento en que el Gobierno Nacional se disponía a firmar el decreto correspondiente, después de un riguroso, complejo y transparente proceso adelantado por el Ministerio del Ambiente y la Unidad de Parques Nacionales, conjuntamente con diversas organizaciones públicas y privadas.

Además, esta iniciativa portuaria parece desconocer que la declaratoria es la culminación lógica de diversas y valerosas políticas que los gobiernos anteriores adoptaron para la protección de este patrimonio natural único, no pocas veces contra la voluntad del mismo grupo empresarial. Así, por ejemplo, en 1991, Inderena acordó con Smurfit de Colombia cancelar su concesión forestal circundante a la bahía, con el fin de evitar la tala de los ricos ecosistemas de bosques y manglares y destinarlos a la conservación. Posteriormente, en 1993, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, por solicitud del Inderena y del Departamento Nacional de Planeación, rechazó, atendiendo consideraciones ambientales, el proyecto de Ecopetrol de establecer en Bahía Málaga un puerto petrolero. Y a mediados de esa década se inició el proceso de titulación de tierras de propiedad colectiva a las comunidades negras en la región.

En la actualidad, los argumentos para declarar Bahía Málaga como área protegida son tanto más contundentes que los de hace veinte años, como lo demuestran diversas investigaciones científicas recientes. Hoy sabemos que cerca de mil ballenas jorobadas habitan estacionalmente la bahía y que allí se registra una de las tasas anuales de alumbramiento más alta del mundo para esta especie. Y sabemos, también, que la ballena jorobada requiere para su apareamiento, parto, lactancia y crianza, ambientes con muy baja perturbación. Este hecho, sumado a la gran riqueza en biodiversidad de la zona y a su extraordinario potencial como reserva paisajística, basta para justificar el área protegida, que, además, las comunidades indígenas y afrocolombianas ancestrales de la región consideran prioritaria en relación con su identidad cultural e integridad de sus territorios.

No es, entonces, posible entender el empecinamiento de los empresarios vallunos con la construcción de un puerto en Málaga, más si se considera que esta es una de las pocas áreas naturales de valor que le resta a ese departamento, caracterizado, en general, por un grave deterioro ambiental.

Menos se entiende si se toma en consideración la decisión del Gobierno Nacional de concentrar sus esfuerzos en transformar a Buenaventura en el gran puerto que Colombia requiere en el Pacífico para el futuro, buscando al mismo tiempo pagar la enorme deuda social del país con esa atormentada ciudad. Y, como es obvio, la construcción del puerto en Málaga inevitablemente desviaría parte sustancial de los recursos públicos destinados a Buenaventura hacia la construcción de las megaobras de infraestructura requeridas.

En suma, los dirigentes del Valle con su proyecto no solo arruinarían un patrimonio natural nacional de enorme valor, sino que incurrirían en un acto de infinita injusticia con el puerto de Buenaventura. Esperemos que el gobierno del presidente Uribe se mantenga en su decisión de declarar el área protegida y no caiga, una vez más, en su debilidad de conceder gabelas a los empresarios, con frecuencia a contrapelo del interés nacional.