Manuel Rodríguez Becerra

¿Cómo es posible que se hayan construido 27 kilómetros de diques y terraplenes al sur de la Ciénaga Grande de Santa Marta con el fin de drenar los humedales, un patrimonio de la nación, para transformarlos en tierra agropecuaria y, de paso, usurparlos al Estado?

Ocurrido este nuevo daño en la Ciénaga, en gran medida irreparable, están saliendo a poner el grito en el cielo todas las autoridades que no actuaron a tiempo, y que tenían las competencias para hacerlo, entre otras: el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Remolino. Y, también, ya están comenzando a desfilar todas las ‘ías’, de las cuales a la postre no faltará ninguna –la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo–, con el fin de investigar por qué aquellas, y otras, agencias del Poder Ejecutivo –nacional, departamental y municipal– fueron tan pusilánimes, o tan débiles, o tan indolentes, o tan cómplices, o tan tolerantes, o tan corruptas, o todo a la vez, sin reparar, como es obvio, en que ellas mismas, las ‘ías’, quizá tampoco actuaron a tiempo. Y no faltarán los informes de los institutos de investigación gubernamentales sobre el creciente deterioro de este ecosistema, que sigue siendo único en el ámbito global, pero que, quizá, está dejando de serlo.

A lo mejor algún parlamentario convoque una audiencia pública sobre el presente y futuro de la Ciénaga Grande y, muy probablemente, en plenaria del Congreso de la República, se les haga el “debido control político” a altos funcionarios del Ejecutivo por su responsabilidad en lo acaecido, y por el mal estado de este ecosistema, todo transmitido por el canal de televisión institucional en vivo y en directo.

Y diversos funcionarios y políticos, independientemente de su propia responsabilidad, ya comenzaron a jurar y rejurar que se encontrará la verdad y que los culpables serán castigados ejemplarmente. Y quizá un alto jerarca del Ejecutivo, que bien podría ser Minambiente o el Presidente mismo, anunciará la creación de un “comité interinstitucional” de las agencias nacionales y locales, que, con el concurso del consejo y los infaltables recursos de la cooperación internacional, y de algunas ONG amigas del Gobierno, se encargaría de hacer un “diagnóstico definitivo” de la situación de la Ciénaga y de coordinar la restauración de los daños perpetrados. Y todos en coro clamarán que nunca más ocurrirán hechos de esta naturaleza. Nunca más. Y todos en coro repetirán que la Ciénaga, ahora sí, por fin, se salvará.

¿Acaso no fue este el mismo tipo de libreto que, hace menos de un año, se orquestó frente a la mortandad de los chigüiros en el Casanare y la grave sequía de la región de la Orinoquia, que se vio agravada por la inacción del Estado y por las barbaridades ambientales perpetradas por no pocas empresas, en el proceso de expansión de las actividades agrícolas y petroleras en los Llanos Orientales? ¿Acaso no ha sido el mismo que está siendo orquestado desde hace algunos meses frente a la grave crisis humanitaria y del agua enfrentada por La Guajira? La lista de tragedias ambientales es larga y el libreto utilizado para lidiarlas parece ser básicamente el mismo. ¿Y qué ha pasado? Nada o casi nada, como lo revela el hecho de que el país esté perdiendo la batalla frente a la destrucción ambiental.

Parece como si al Estado colombiano, ante su manifiesta debilidad para proteger el medioambiente, lo único que le restara fuera reproducir incesantemente este libreto de política simbólica, o de engañabobos, que hoy se orquesta en el caso de la Ciénaga Grande y que, de nuevo, se utilizará en la siguiente tragedia ambiental, seguramente no muy lejana, y en forma similar a como se ha hecho con todos los grandes problemas socioambientales de los últimos años.