Manuel Rodríguez Becerra

Los recientes conflictos socioambientales en torno a proyectos productivos y de infraestructura –Santurbán, La Colosa, el Quimbo, el Tayrona, etc.– son, en gran medida, fruto de la política ambiental gris de los últimos 12 años.

La creación del Ministerio de Ambiente fue anunciada por el presidente Santos como una de las estrategias para superar esta situación, pero no ha sido así, como se observa en el caso de los procesos de licenciamiento ambiental que se encuentran en el corazón de estos conflictos.

Precisamente, se creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), en la modalidad de unidad administrativa del orden nacional, supuestamente con el fin de fortalecer la capacidad técnica para evaluar las solicitudes de licencia ambiental y de contar con una mayor eficacia y eficiencia en la toma de decisiones sobre las minas y en el control de los proyectos que sean aprobados.

Pero poco podemos esperar de la Anla, entre otras porque no quedó estructuralmente articulada con aquellas dependencias del Ministerio que deben velar por la salud de los ecosistemas del país y del ordenamiento ambiental, a partir de una visión de largo plazo del territorio. Y, además, quedó con una tenue relación con el Ministro y el Ministerio, siendo la dirección de la Anla la que tiene la sartén por el mango. El Ministerio es algo así como un invitado de piedra en un proceso crucial para la protección ambiental.

Quizá una de las mayores debilidades de la Anla es que, por ley, se le haya dado un plazo máximo de 180 días para decidir sobre las licencias ambientales. Un período que con frecuencia resulta insuficiente, y, más aún, para aquellos proyectos de alto impacto como los mineros, como lo demuestra la experiencia internacional. Así, en promedio, en los diferentes estados de EE. UU. la aprobación de un permiso minero toma entre 3 y 7 años, y en Australia, 2 años, según análisis comparativo que hizo Kathleen Hurley para Minambiente sobre los procesos de evaluación ambiental en el sector minero.

En el análisis se profundiza en el caso de Alaska en virtud de las similitudes existentes con Colombia en materia de alta sismicidad, precipitación pluvial y fragilidad ambiental de su territorio. En Alaska, después de efectuada la exploración, en promedio, los estudios de impacto social y ambiental toman 6 años, y la aprobación o negación del permiso minero toma 3 años.

No obstante, en Colombia se estableció un absurdo ‘licenciamiento ambiental exprés’, al que se suma la insuficiente capacidad técnica de la Anla para procesarlo. Y esta última es, hoy, una situación difícilmente superable ante la imposibilidad de contratar técnicos del nivel requerido en áreas muy especializadas que encuentran una alta demanda y altos salarios en el sector privado, lo que incide en su rotación, alimentándose, así, la indeseable puerta giratoria.

Y todos estos problemas se agravan en el caso de las corporaciones autónomas regionales, que son las responsables de la mayor parte de licencias ambientales y de su control, dado que a la Anla solo le corresponden los grandes proyectos productivos y de infraestructura. Así, por ejemplo, de 2.200 licencias ambientales existentes en el sector minero, solamente 30, las de la gran minería, las gestiona la Anla, estando el resto en manos de las CAR, hoy profundamente cuestionadas.

¿Qué confianza pueden tener los ciudadanos frente al ‘licenciamiento ambiental exprés’ y a una Anla y unas CAR sin el peso técnico requerido y sometidas a singulares presiones del mismo Gobierno y del sector privado para obtener su aprobación? Lo único que podemos esperar es la agudización de los conflictos y el aumento de su frecuencia, porque, en últimas, el problema de fondo es que a este gobierno, a similitud del anterior, la protección ambiental parece importarle muy poco.