Manuel Rodríguez Becerra

La descarbonización de la economía en el mundo, y también en Colombia, es muchísimo más que una transición hacia las energías renovables no convencionales y hacia la electrificación de la industria y el transporte. Esta narrativa corresponde a la agenda de los países desarrollados, en los cuales estos sectores representan más del 70 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Para Colombia, la agenda de la descarbonización de la economía es sustancialmente diferente a la de los países desarrollados, puesto que nuestra emisión de (GEI) procede en un 55 por ciento de la deforestación y de la agricultura, similar a los países de América Latina. Obviamente, Colombia debe intentar honrar el compromiso adquirido en el marco del Acuerdo de París, de reducir la emisión de GEI en 51 por ciento de aquí al 2030, pero para hacerlo tendría que detener la deforestación, que ascendió a 180.000 hectáreas anuales entre 2014 y 2022. Lo cierto es que los dos últimos gobiernos fracasaron estruendosamente en el intento. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en reciente entrevista en ‘El Espectador’ (8 de septiembre), anunció que se están formulando cinco estrategias para combatir la deforestación. Esperemos que este gobierno sí tenga éxito en disminuirla sustancialmente, un fenómeno de alta complejidad, como lo reconoce la ministra.

En Colombia, el sector ganadero es el mayor originador de GEI (la fermentación entérica en la digestión del ganado vacuno produce metano), y además en él se origina la mayor parte de la deforestación; la buena noticia es que el país cuenta con la tecnología para transformar la actividad ganadera mediante sistemas silvopastoriles, los cuales generan beneficios ambientales, económicos y sociales. Los beneficios ambientales incluyen el más eficiente uso del suelo, su protección a la erosión y la protección de las cuencas hidrográficas, así como el incremento de árboles y otro tipo de vegetación que capturan carbono y, por ende, compensan la emisión del metano producto de la digestión del ganado. En el gobierno anterior fue poco lo que se hizo en materia de la trasformación ganadera, y el actual tiene el reto de adelantar una política ambiciosa dados sus claros beneficios.

A nivel mundial, la meta de disminuir las emisiones de GEI en 51 por ciento hacia 2030 y llegar a ser carbono neutro hacia 2050 son aspiraciones que hoy tienen poco sustento. La sustitución de energías fósiles por energías renovables no convencionales no avanza con la suficiente velocidad. Pero lo más grave es que, como lo señala Smil Vaclav en su libro ‘How the World Really Works’ (2022), la producción y el consumo de amoníaco (base fundamental de la productividad agrícola), acero, hormigón y plásticos, “cuatro pilares de la civilización moderna”, representan aproximadamente el 17 por ciento del suministro de energía primaria del mundo y el 25 por ciento de todas las emisiones de CO2 que se originan en la combustión de combustibles fósiles, una situación cuya solución no es clara, puesto que no existen tecnologías a gran escala, comercialmente disponibles y fácilmente implementables como alternativas para desplazar los procesos establecidos para su producción. Además, el volumen de la producción de amoníaco, acero, hormigón y plásticos deberá, inevitablemente, aumentar en las próximas décadas con miras a cumplir los propósitos de erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad.

Así, la meta internacional de disminuir las emisiones de GEI en forma tal que no se sobrepase un incremento de la temperatura de 1,5 °C no parece viable, lo que significa que en el futuro presenciaremos eventos climáticos extremos con más frecuencia. Por eso la mayor prioridad para Colombia es definir y adelantar una agenda de adaptación al cambio climático, más cuando nuestro país ocupa el séptimo lugar en el mundo como economía más amenazada por este fenómeno de origen humano, según el informe ‘The economics of climate change: not action not an option’, del Swiss Re Institute (2021).