Manuel Rodríguez Becerra

La gestión minero-ambiental del Gobierno está atentando en forma grave contra la calidad de vida de los colombianos y la integridad del patrimonio natural de la nación. Esta es la principal conclusión del juicioso estudio ‘Estado de los recursos naturales y del ambiente, 2010-2011’, presentado por la Contraloría General de la República (CGR) en diciembre pasado.

Que el Ministerio de Minas y Energía (MME), Ingeominas, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y las corporaciones autónomas regionales hayan adelantado una lamentable gestión minero-ambiental no es una nueva noticia. Y es que fue el mismo gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a través del MME y su entonces ministro, Carlos Rodado, quien señaló la forma caótica e irresponsable como se entregaron más de seis mil títulos mineros en el período 2002-2010, y reconoció los daños ambientales causados por diversas operaciones mineras -legales e ilegales-, con lo que ratificó las denuncias de columnistas de prensa y ambientalistas que, no obstante, siguen siendo tachadas como una ciega y desinformada oposición al “milagro minero”.

El informe de la CGR presenta nueva información sobre las sustanciales debilidades del MME y del MAVDT y de las CAR, así como sobre las fallas de otras entidades del Estado que, con cruciales responsabilidades en el tema minero, han pasado de agache en el debate sobre la materia: los gobiernos departamentales, Colciencias, el Incoder, el Sena, el Ministerio de Protección Social (MPS) y el Instituto Nacional de Salud (INS), entre otras.

Según la CGR, los impactos de la minería para la salud humana son subestimados, cuando no ignorados, por el MPS y el INS. La CGR debería también indagar por qué el Gobierno y la opinión pública saben tan poco sobre los efectos de la minería de carbón sobre la salud de los habitantes del Cesar y de La Guajira. Y es que estos podrían ser sustantivos, como lo sugiere una evaluación adelantada en las explotaciones de carbón a cielo abierto en la región de los Apalaches (Estados Unidos). Se encontró que, en el período 1979-2004, las tasas de mortalidad asociadas al cáncer del pulmón, fallas cardíacas y enfermedades respiratorias y del hígado fueron significativamente más altas en las áreas con alta concentración minera que en áreas en donde esta actividad no existía. A su vez, el Centro para la Salud y el Medio Ambiente Global de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard (Epstein, 2010) estimó en 74.600 millones de dólares anuales los daños ocasionados por la minería a la salud de los habitantes de los Apalaches, en contraste con 8.080 millones anuales en que se estiman los beneficios económicos totales recibidos por la región de la actividad.

Otras observaciones del informe de la CGR no son menos inquietantes: la práctica ausencia de investigación académica sobre las actividades mineras, indispensable para determinar sus beneficios y costos económicos, sociales y ambientales y evaluar a ciencia cierta en qué consiste “el milagro minero”; la inexistencia de evaluaciones sobre los pasivos dejados por las minas cerradas y abandonadas, que con frecuencia conllevan altos riesgos para el medio ambiente y la población; las fallas y vacíos del Código Minero; los muy discutibles beneficios económicos que ingresan a las arcas del Estado, y las paupérrimas compensaciones ambientales y sociales -con cargo a las regalías- de los inevitables impactos producidos por la minería.

Bien por la contralora Sandra Morelli. Ahora le toca estar atenta a evaluar la gestión minero-ambiental de las instituciones creadas o transformadas en la reciente y ambiciosa reforma de la administración pública del actual gobierno, que pretende superar algunos de los problemas reportados en su valeroso informe.