Manuel Rodríguez Becerra

En Colombia, la mayor parte de los grandes depredadores de nuestro patrimonio natural han permanecido en la impunidad. Así, por ejemplo, en los últimos años, los medios de comunicación han registrado la creciente arremetida contra los páramos por parte de mineros y empresarios de la papa, los graves daños efectuados por algunas empresas del carbón sobre los diversos ecosistemas del departamento del Cesar y la bahía de Santa Marta, y la incesante acción de las mafias de la madera que están talando en forma ilegal valiosos bosques naturales. Pero al mismo tiempo, hemos presenciado cómo estos enemigos del bien público, a quienes no se les puede calificar de otra manera, o no han sido objeto de ninguna sanción, o cuando la han recibido fue tan débil que no se constituyó en un hecho ejemplarizante, ni sirvió para disuadirlos.

Ha sido una impunidad favorecida, entre otros, por el hecho de que durante años contamos con una normatividad en materia sancionatoria cuyas limitaciones dificultaron a las autoridades ambientales adelantar una acción eficiente y eficaz en contra de los infractores, o sirvieron de disculpa para no actuar. Por eso la ley que establece un nuevo procedimiento sancionatorio en materia ambiental, aprobada por el Congreso Nacional en el último día de sesiones de la pasada legislatura, es un positivo avance para luchar contra aquellos que buscan su beneficio y lucro particular a costa de inflingir graves daños a los bienes públicos ambientales.

La inversión de la carga de la prueba es una de las mayores innovaciones de la nueva ley: “En materia ambiental se presume la culpabilidad del agente en la ocurrencia del daño ambiental. El agente será sancionado definitivamente si no logra desvirtuar dicha presunción, a través de los medios probatorios dispuestos a su alcance.” Se acabó, así, con la absurda situación a que se veían enfrentadas las autoridades de no poder actuar antes de demostrar exhaustivamente lo que normalmente es evidente -el daño ambiental y quien lo ocasiona-, que servía a muchas empresas para evadir el proceso sancionatorio e impedía imponer las acciones preventivas requeridas (como suspender una actividad, cerrar un establecimiento o efectuar un decomiso).

La nueva ley también contempla sanciones más severas que las previstas en la anterior normatividad, entre las cuales se destaca el incremento de la multa máxima diaria, que pasó de 300 a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y establece la posibilidad de imponer la sanción de trabajo comunitario en algún proyecto o actividad de protección ambiental, con el objeto de educar al infractor en la preservación del medio ambiente. Como es obvio, las sanciones no eximen al infractor de las posibles acciones penales o del pago de las compensaciones económicas y medidas de restauración del daño a que haya lugar.

Al investir a Minambiente, las corporaciones autónomas regionales y otras entidades ambientales de la respectiva autoridad para imponer las diversas medidas sancionatorias y preventivas, la ley habilita también en estas materias a los municipios, departamentos y otros entes públicos como la Armada Nacional, con lo cual se asegura la existencia de un Estado más vigilante de su patrimonio natural.

Imposible examinar aquí el completo arsenal de medidas previsto por la nueva norma. Pero reconozcamos que no obstante el pobre balance del Congreso Nacional en la pasada legislatura, fue este organismo el que propuso, tramitó y aprobó esta ley de gran trascendencia para el país, sin duda la más relevante norma ambiental producida durante los dos mandatos del presidente Álvaro Uribe. Y en este proceso brilló la viceministra del Ambiente, Claudia Mora, que le hizo un admirable y sistemático seguimiento, contribuyendo en forma sustantiva en la concepción y aprobación de la nueva ley. Ahora les toca a las autoridades ponerla en práctica. Ya no existen disculpas.