Manuel Rodríguez Becerra

Según la Ocde, en Colombia la destrucción y deterioro del medioambiente es alarmante, y resulta imperativo que el Gobierno dé un viraje sustancial a muchas de sus políticas económicas y sectoriales (minera, agropecuaria, industrial, etc.) para detener y revertir tan lamentable situación.

Lo que afirma la reciente evaluación ambiental de la Ocde no es muy distinto de las denuncias que muchos hemos venido haciendo sobre la desastrosa política ambiental del país. Claro está que el informe no utiliza términos como “alarmante destrucción y deterioro”, o “desastrosa política ambiental”, o “lamentable situación”, etc., porque, como es obvio, su lenguaje es políticamente correcto. Pero, para un buen lector, es, también obvio, que la evaluación de la Ocde es demoledora.

Entre las muchas observaciones incorporadas en el diagnóstico de la Ocde se mencionan: la caótica política minero-ambiental; la insuficiente contundencia en el combate de la minería ilegal; los graves daños ambientales que se están haciendo en las diversas regiones del país, como la Orinoquia, con unas políticas sectoriales mal orientadas; la creciente potrerización del territorio, mediante la tala de bosques, el drenaje de humedales y la aniquilación de páramos, lo que causa destrucción y deterioro de la gran riqueza en biodiversidad y aguas del país; la entrega de subsidios aquí y acullá a actividades altamente perjudiciales para el medioambiente; el declive de la riqueza pesquera; el poco control ejercido sobre aquellos elementos y compuestos químicos utilizados en la industria, en la agricultura o en la minería, que son de alto riesgo para la salud humana, como el mercurio y algunos agroquímicos; la ubicación de los más pobres en zonas de alta vulnerabilidad ambiental; las profundas deficiencias en saneamiento básico; la alta contaminación atmosférica en las grandes ciudades; la alta contaminación de los principales ríos; el desmantelamiento de la institucionalidad ambiental acaecido en Colombia entre el 2002 y el 2010 y los tímidos esfuerzos para restaurarla y fortalecerla; la poca preparación del país para enfrentar las embestidas del cambio climático, que ya está con nosotros, y la baja proporción del PIB (0,4 por ciento) que se dedica a la protección ambiental, en comparación con los países de la Ocde.

El informe subraya, también, algunos logros sobresalientes en materia de protección ambiental (ni más faltaba que no hubiese ninguno), como los parques nacionales, los resguardos indígenas y las propiedades colectivas de las comunidades negras, el aumento general en la productividad en el uso de materiales, y la ampliación de la cobertura de agua potable. Y efectúa un conjunto de recomendaciones concretas sobre el camino que se debe seguir, con miras a superar el alto cúmulo de problemas identificados, como requisito para hacer parte de la OCDE.

Resulta más que paradójico que los defensores del medioambiente, al haber denunciado aquellos y otros problemas señalados por la Ocde en su evaluación, hayan sido calificados de fundamentalistas, ilusos, enemigos del progreso y tremendistas por no pocos dirigentes políticos y empresariales. ¿Será que van, también, a calificar a la Ocde con estos generosos epítetos por haber efectuado una evaluación y unas recomendaciones muy similares a las que, por años, han hecho los ambientalistas? Obviamente que no, puesto que están ansiosos de ingresar al club de los países ricos, sin ser ricos.

En otras palabras, la Ocde, con su evaluación, trazó una ambiciosa agenda ambiental para el próximo gobierno (y también para los candidatos a la Presidencia). ¿O será que, muy a la colombiana, los líderes de los sectores público y privado intentarán tomar el pelo a esta evaluación y sus recomendaciones, para entrar de colados en este exclusivo club?