Manuel Rodríguez Becerra

David ha triunfado excepcionalmente sobre Goliat. Pero estamos presenciando hoy la derrota de la empresa Dow Química de Colombia por parte de una comunidad de pescadores que, en alianza con Fundepúblico, llevaron a los estrados judiciales a esta poderosa multinacional para que respondiera por los impactos de la grave contaminación que ocasionara en la bahía de Cartagena, hace veintiséis años.

Y es que en junio de 1989 la planta de Dow Química, en Mamonal, derramó en la bahía 23,8 kilogramos de Lorsban 4E, un insecticida de alta toxicidad para la vida acuática, según la misma empresa. Los impactos fueron inmediatos y devastadores. El Lorsban 4E afectó al menos 3 kilómetros cuadrados de la bahía y generó altas pérdidas para el sector pesquero. Y por esos días los pescadores de Araco, Pasacaballos, Bocachica y Caño de Loro se vieron gravemente afectados, pues, además de producirse una mortandad masiva de peces, el mercado de pescado en Cartagena entró en crisis como consecuencia del natural temor de los consumidores.

Pero solamente en el 2012, 23 años después de puesta la demanda de Dow, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena declaró la responsabilidad ambiental de esta empresa y la condenó al pago del daño en favor del distrito de Cartagena. Y, en menos de un año, el Tribunal Superior de Cartagena, al decidir con sospechosa rapidez el recurso de apelación interpuesto por Dow, revocó la decisión. Fundepúblico y otros interesados presentaron una tutela contra esta decisión ante la Corte Constitucional, que dejó en firme la sentencia del juzgado y desestimó lo resuelto por el Tribunal. Aún no se sabe si la sentencia de la Corte conlleva el pago de indemnizaciones u otras cargas económicas por Dow. Pero se conoce que, al ordenar a la empresa que pida perdón público ante la comunidad de pescadores, destaca “el precario estado de la infraestructura de la planta de insecticidas de la Dow Química en el momento del siniestro” y considera que tanto la firma demandada como el Tribunal de Cartagena “yerran al aseverar que un daño ambiental como el que resulta por el vertimiento de un pesticida en un cuerpo de agua es un simple ‘incidente’ que solo produce efectos inmediatos, representados en la muerte de algunos peces, pero no trasciende en el entorno natural aledaño, ni tampoco en el tiempo”.

Que solamente 26 años después se resuelva este caso habla muy mal, sobre todo, de esta empresa multinacional que, valiéndose de la vulnerabilidad del sistema de justicia colombiano, buscó la impunidad al intentar evadir sus más que evidentes responsabilidades. Por fortuna, la empresa Dow Química de Colombia y su tropel de abogados no se salieron con la suya, gracias a la Corte Constitucional y a la persistencia de unos ciudadanos de bien que lucharon sin ningún recurso diferente a su creatividad y a su convicción, por la defensa de los bienes colectivos, en una pelea extraordinariamente desigual y de alto riesgo.