Manuel Rodríguez Becerra

La deforestación y la contaminación del aire son los dos mayores problemas ambientales del país. ¿Por qué las autoridades públicas han sido tan indolentes en enfrentarlos?

El plan decenal de descontaminación del aire de Bogotá, adoptado por la Administración Distrital hace nueve años, se quedó prácticamente en el tintero. Es un plan que efectúa un completo diagnóstico de las fuentes de contaminación y formula una detallada hoja de ruta con las medidas por tomar, a partir de la mejor ciencia disponible. El alcalde Gustavo Petro lo adoptó, pero lo implementó muy poco, y el alcalde Enrique Peñalosa, inexplicablemente, lo desmontó, lo que tuvo desastrosas consecuencias. Basta con recordar las conclusiones del estudio publicado en 2013 por los profesores Édison Ortiz y Néstor Rojas, de la Universidad Nacional, en el que estiman los beneficios económicos para la salud asociados a la reducción del PM 10 en Bogotá (las PM 10 son partículas sólidas de polvo, cenizas, hollín, metálicas, de cemento, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 micrómetros –1 micrómetro corresponde a la milésima parte de 1 milímetro–; están asociadas a diversas enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares y cánceres de pulmón).

Según este estudio, con la reducción de la concentración promedio anual de material particulado PM 10, entre el 2010 y el 2020, a 50 micrómetros por metro cúbico, podrían evitarse 21.000 muertes de mayores de 30 años y 900 de menores de un año a largo plazo. Además, de tiempo atrás se viene señalando que los buses articulados de TransMilenio y sus estaciones son recintos de alta contaminación; en una reciente investigación liderada por el profesor Ricardo Morales, de Uniandes, se concluye que la dosis de PM 2,5 (cuyo diámetro es menor de 2,5 micrómetros y que tienen también devastadoras consecuencias para la salud) inhalada por los pasajeros en un viaje redondo típico en el sistema es 1,2 veces mayor que la dosis máxima de inhalación prescrita por la Organización Mundial de la Salud para 24 horas (Morales et al., ‘Atmospheric Environment’, 2019). Estos dos estudios evidencian, pues, que las dos últimas administraciones de Bogotá no evitaron estas letales consecuencias para la salud ambiental.

Sobre la deforestación se han hecho cientos de denuncias en los medios de comunicación en los últimos meses. En mi pasada columna resalté que en la política de defensa y seguridad anunciada por el presidente Duque se avizoraría el principio del fin de este problema, que se agravó en los últimos tres años, al establecer que “el agua, la biodiversidad y el medioambiente son el interés nacional principal y prevalente”, y, por lo tanto, su protección y preservación frente a intereses foráneos y a la acción depredatoria del narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación se convierten en un asunto de seguridad nacional.

Pero mi optimismo solo duró hasta cuando leí las afirmaciones de María Claudia García, viceministra de Ambiente, en entrevista que le concedió a la periodista Tatiana Pardo en este diario (10 de marzo). Según la viceministra, este gobierno se propondría impedir que la tasa de deforestación se incremente en los próximos cuatro años, lo que implica, en sus propias palabras, que en el 2019, y en los tres años siguientes, habría una deforestación de 220.000 hectáreas anuales, es decir, de 880.000 hectáreas en los cuatro años.

Esperemos que el presidente Duque no confirme estas metas, incorporadas en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, puesto que sería una declaración de derrota frente a los crímenes ambientales, y una inexplicable contradicción frente a su política de defensa y seguridad.

Como lo afirmé en un trino, “de plácemes deben estar aquellos empresarios criminales que son responsables de la mayor parte de la deforestación –para abrir enormes áreas continuas destinadas a la ganadería–, al escuchar los anuncios del Gobierno de que tolerará la destrucción de 220.000 hectáreas de bosque anualmente”.