Manuel Rodríguez Becerra

La Misión de Crecimiento Verde y la formulación de un proyecto para reformar el Sistema Nacional Ambiental están en marcha. ¿Qué podríamos esperar?

En la instalación de la Misión para el Crecimiento Verde, tanto el presidente Juan Manuel Santos como Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación, mostraron las complejas relaciones existentes entre la protección ambiental, el crecimiento económico, el desarrollo social y el posconflicto.

La contundencia y los matices de sus afirmaciones parecieran indicar su compromiso con el tema. Pero no es la primera vez que se escuchan estos argumentos, y por ello este acto de instalación trajo a la memoria las palabras del presidente Santos el día de su posesión, en el 2010, ante los mamos koguis en la sierra nevada de Santa Marta, con las que se anunció algo así como un gobierno verde. De esa promesa es poco lo que va quedando, una situación que podría mejorarse si se llegare a concretar una reforma ambiental de aliento y si las recomendaciones de la misión se tradujeran en acciones concretas.

La misión es una excepcional oportunidad para trazar una hoja de ruta de largo plazo para enfrentar los enormes retos de la protección ambiental y, más precisamente, del desarrollo sostenible. En las bases de la misión se reconoce que el crecimiento verde se debe gestionar desde áreas claves del desarrollo, es decir, desde las políticas sectoriales (agropecuaria, minera, de energía, urbana, etc.). También se reconoce que el cambio global –representado, entre otras cosas, por el cambio climático, la masiva extinción de especies y las crisis del agua– es un fenómeno que si no se gestiona adecuadamente en el ámbito nacional y local, pone en grave riesgo el propósito de desterrar la pobreza y, en general, el de buscar el bienestar social.

Que se haya designado al economista Hernando José Gómez como líder de la misión es una señal positiva. Los retos que enfrenta son formidables. Así, por ejemplo, Colombia tiene una gran oportunidad de expandir la producción de alimentos, pero para hacerlo es imperativo generar las condiciones para que la agricultura se haga en forma amigable con el medioambiente –en particular, mediante el buen uso del agua y la protección del paisaje y la biodiversidad–; desarrollar las tecnologías para que aumente la productividad agropecuaria y se adapte al clima cambiante (cambio climático, la Niña el Niño); y adelantar esta expansión con equidad y justicia social, como lo supone el acuerdo de paz. Según señalan los más prestigiosos centros de pensamiento sobre la agricultura, estas son las tres condiciones de las que dependerá su éxito en todos los rincones del planeta.

La institucionalidad ambiental deberá encontrar cuál es su papel estratégico en aquella parte de la agenda del crecimiento verde cuya responsabilidad central recae en los sectores de la actividad económica. Esa sería una de las razones de fondo de la anunciada reforma ambiental, más allá de la corrección de las múltiples deficiencias que aquejan al Ministerio de Ambiente y las CAR.

Desafortunadamente, la nueva reforma del Sina se está adelantando en secreto. El gobierno del presidente Santos no debería olvidar que su reforma para reconstituir el Ministerio de Ambiente, adelantada también a espaldas de la ciudadanía, ha tenido poco éxito, como lo atestigua el hecho de que no esté siendo capaz de enfrentar con contundencia ninguno de los graves problemas que hoy caracterizan a Colombia como un país en que la destrucción ambiental se salió de madre.

Generar las bases para el crecimiento verde y fortalecer la institucionalidad ambiental, dos caras de la misma moneda, serían un gran aporte para futuro del país. Que no se queden en la retórica o en pañitos de agua tibia.