Manuel Rodríguez Becerra

El coronavirus cobró otra víctima: la ‘Conferencia de las partes sobre cambio climático’, que debía celebrarse en Glasgow el próximo mes de noviembre, fue aplazada. Y es el momento para señalar que entre la lucha contra el cambio climático y la lucha contra esta pandemia existe un denominador común fatal: la actitud de los gobiernos de negarse a tomar las medidas requeridas para evitar y/o mitigar los desastres predichos por la ciencia.

En el caso del coronavirus, la Comunidad de Inteligencia de EE. UU. advirtió, en su informe anual, de amenazas (enero de 2019) que “Estados Unidos y el mundo seguirán siendo vulnerables a la próxima pandemia de gripe o brote a gran escala de una enfermedad contagiosa que podría conducir a tasas masivas de mortalidad”. En el mismo sentido se había expresado la OMS, así como Bill Gates, en diversas intervenciones públicas desde 2010. Los gobiernos, con contadas excepciones, no hicieron nada para preparar sus sistemas de salud para su mitigación y, hoy, comenzamos a conocer sus consecuencias, siendo la más dramática el hecho de que en los países en los cuales está más avanzada la pandemia, se tenga que escoger, entre los infectados con complicaciones de gravedad, a quiénes no ofrecerles cuidados intensivos, por carencia de suficientes unidades para hacerlo, o, en otras palabras, escoger a quiénes condenar a una muerte altamente probable.

En el caso del cambio climático, la situación es mucho más patética. En 1978, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos puso el SOS sobre el hecho de que estaba en marcha el cambio climático como producto de la actividad humana y en su recomendación, al presidente Jimmy Carter, señaló: “Hay que actuar ya”. Desde entonces, han aparecido cinco informes del panel intergubernamental de cambio climático, la mayor autoridad científica sobre el tema, que han confirmado tales conclusiones, haciendo más robustas las evidencias científicas, aclarando, cada vez más, sus graves consecuencias, y reiterando que “hay que actuar ya”. Y en estos 40 años se ha hecho muy poco, no obstante que en 1992 se firmó la Convención de Cambio Climático y que, desde entonces, se hayan efectuado 25 conferencias de las partes con participación de todos los países del mundo.

La última esperanza es el Acuerdo de París, cuyo período de cumplimento tendrá lugar entre 2020 y 2030. Por eso, el aplazamiento de la COP26 no es un aplazamiento cualquiera. Se esperaba, no sin dificultades, que en Glasgow se subiera la ambición sobre la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, de manera tal que el incremento de temperatura media de la superficie de la Tierra no exceda 1,5 ºC. Y es que, según el Acuerdo de París, en los próximos diez años se deberán tomar todas las medidas requeridas para poner al mundo en una senda en que se impida trasgredir ese límite, pues, de lo contrario, los impactos serían de tal magnitud que la actual pandemia, a pesar de su gravedad, sería recordada como un mal menor. Pero la consecuencia más grave del coronavirus para el cambio climático sería que se produjera una profunda recesión económica mundial, con lo cual la esperanza de que el Acuerdo de París se cumpla sería, quizá, sepultada, puesto que se requieren enormes recursos económicos para hacer la transición hacia una economía descarbonizada, cuya posibilidad de asignar sería muy improbable mientras el mundo no se recupere de la recesión.

Pero estas no son las únicas relaciones que existen entre el coronavirus y el cambio climático y, en general, la crisis ambiental a la que nos enfrentamos. Existen muchas otras, a las cuales me referiré en próximas columnas. Por ahora, hagámonos una pregunta: ¿será que el coronavirus cambiará la actitud de los líderes políticos del mundo de hacer muy poco frente al cambio climático o modificará la inaceptable posición ética de algunos mandatarios que, como Trump o Bolsonaro, niegan su existencia?