Manuel Rodríguez Becerra

‘Impuesto al carbono se lo sacaron del bolsillo al Minambiente’. Así tituló el periodista Pablo Correa la noticia de la nueva destinación que el Gobierno Nacional le dio al recaudo del impuesto del carbono, que en 2017 ascendió a 476.000 millones de pesos (‘El Espectador’, 20 de febrero de 2018). Este acto de carterismo oficial es uno de los golpes más severos que el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental hayan recibido desde su creación, en 1993.

El impuesto al carbono se estableció en la ley de reforma tributaria de 2016 como una de las principales estrategias de Colombia para que, en cumplimiento del Acuerdo de París, reduzca la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20 %, de aquí a 2030, y tome las diversas medidas requeridas para adaptarse a los impactos del cambio climático (inundaciones, sequías, erosión costera, pérdida de glaciares y reducción de los páramos, etc.). En la ley se establece (artículo 223) que estos recursos “se destinarán de acuerdo con los lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. En uso de esa competencia, Minambiente señaló como áreas prioritarias de destinación: la conservación de fuentes hídricas, la protección de ecosistemas, el manejo de la erosión costera, el pago de servicios ambientales, la reducción de emisiones de GEI, el fortalecimiento institucional en el sector ambiente, la declaratoria de áreas protegidas y la restauración de áreas degradadas.

El Gobierno Nacional le torció el pescuezo a la ley y resolvió destinar estos recursos al Fondo Colombia en Paz. Muy loable objetivo, dirán algunos. Pero pregunto: ¿por qué diablos los programas del acuerdo de paz se tienen que financiar con los recursos para enfrentar el cambio climático? ¿Por qué se propaga la noticia, a nivel internacional y faltando a la verdad, de que Colombia se ha incorporado al conjunto de países que cobran un tributo a quienes consumen combustibles fósiles con el fin de reducir los GEI y reparar parte de los daños socioambientales causados por su uso? ¿De dónde se van a financiar entonces las irrenunciables medidas para evitar que millones de colombianos sufran las consecuencias del cambio climático y así impedir nuevos conflictos sociales y nuevas razones para la guerra?

El Gobierno está aún a tiempo de enmendar, así sea parcialmente, este grave error a partir del hecho de que son muchos los proyectos, que podría auspiciar el Fondo Colombia en Paz, en que convergen la construcción de la paz social con la construcción de la paz con la naturaleza. Así, por ejemplo, Francisco de Roux propuso que se ampliara el programa Bosques de Paz, de Minambiente, hasta generar 400.000 empleos. En los próximos diez años sería un programa de reforestación y restauración de áreas degradadas a una escala sin precedentes en la historia del país que permitiría reinsertar a víctimas y excombatientes en una actividad remunerativa y constructiva para la sociedad, así como ofrecer nuevas fuentes de ingresos a los campesinos y reactivar el agro en los territorios de paz.

Sus beneficios ambientales serían sustantivos; entre otros, la captura de carbono, el enriquecimiento de la biodiversidad y la creación de una cobertura arbórea, en particular en las montañas desnudas por la deforestación, que disminuya la erosión y evite los deslizamientos y avalanchas, que se están incrementando como consecuencia de las más prolongadas olas de lluvias y aguaceros más torrenciales producto del clima cambiante, y están asociadas a tragedias como las ocurridas en Mocoa y Manizales, el año pasado.

Infortunadamente, la enmienda de semejante exabrupto es poco probable si Luis G. Murillo, ministro de Ambiente, continúa en estado de mutismo, con lo cual, simple y llanamente, estaría colaborando al mayor ‘conejo’ que se le haya puesto a la gestión ambiental en las últimas décadas.