Cómo explotar el petróleo sin causar daños
Por: Manuel Rodríguez Becerra – Revista Estrategia económica y financiera. No. 203. | 14 de diciembre 1994
Es posible conciliar la necesaria explotación de los ricos yacimientos con la protección del Medio ambiente, en contrapelo a las apocalípticas predicciones de los verdes extremistas
Gran despliegue periodístico recibió la multa de 220 millones de pesos que impuso en el pasado mes de agosto el Ministerio del Medio Ambiente a la British Petroleum Company por violaciones que hiciera esta empresa a nuestra normatividad ambiental tres años atrás. Un despliegue similar han recibido otras medidas coercitivas sobre la industria petrolera; el cierre o suspensión de pozos en exploración o en explotación; la exigencia de revisar tecnologías en uso, como la efectuada a Oxy en Caño Limón para disposición de aguas industriales; la suspensión de obras civiles asociadas con la actividad petrolera, como la ordenada a la empresa Argosi en el departamento del Cauca por sus negativos impactos al bosque; la imposición de multas a Hocol por derrames en el Huila y a Ecopetrol en Cira, Infantas, Casabe y Cantagallo, por contaminación de ciénagas. Esas medidas impuestas por el Inderena, el Ministerio de Salud y, más recientemente por el Ministerio del Medio Ambiente, han sido las noticias predominantes en los medios de comunicación sobre la gestión ambiental petrolera.
Pero esos mismos medios no han sido tan acuciosos en mostrar el lado positivo de esas acciones adelantadas por el gobierno y su respuesta por parte de la industria petrolera.
UN BALANCE NEGATIVO
¿Han servido para algo tantos cierres, suspensiones, sanciones, etc. y los centenares de acciones administrativas adelantadas por las autoridades con el fin de buscar el cumplimiento de la normatividad ambiental, las cuales sólo excepcionalmente concluyen en las medidas coercitivas registradas por la prensa? Quien haya visitado a Cusiana hace tres años y le visite hoy puede dar la respuesta. Mencionemos el caso de la British Petroleum, la empresa líder. Se encuentra utilizando tecnologías de punta en la explo-ración, como las de ciclo cerrado para el uso y tratamiento de aguas y lodos, y en la explotación, como las de reinyección en capas subterráneas profundas de las aguas calientes y salobres asociadas a la extracción del crudo; está desarrollando innovativas estrategias para la optimización de los usos de los espacios en los pozos de explotación y está montando un campo de producción con altas especificaciones ambientales. Si continúa en la tendencia mostrada, la BP bien podría constituirse en uno de los buenos ejemplos de la gestión ambiental, y en punto de referencia para las otras empresas.
Es necesario subrayar que el nuevo Ministerio del Medio Ambiente se encuentra adelantando la gestión ambiental petrolera a partir de un balance no muy positivo, herencia del pasado. Así lo atestiguan, por ejemplo, los campos en concesión que han revertido a Ecopetrol los cuales acusan en su mayor parte daños ambientales de consideración. En el Magdalena Medio lo evidencian las numerosas ciénagas y acuíferos subterráneos arruinados y las tierras contaminadas y erosionadas, así como las millonarias inversiones que está haciendo y deberá hacer Ecopetrol, a su vez responsable de no pocos daños ambientales, para restaurar los deterioros ocasionados. También lo evidencian las comunidades que han sido perjudicadas por diferentes situaciones, como las tipificadas por los derrames de hidrocarburos en las fuentes de agua, con sus graves consecuencias para las actividades pesquera y agropecuaria, y para el suministro de agua de consumo humano.
Al registrar un balance tan negativo hay que recordar que este corresponde a una historia petrolera que se remonta a cerca de 80 años. Una parte de los daños se debe adjudicar a las tecnologías disponibles en el pasado que los hacían inevitables y a la poca conciencia ambiental que a nivel internacional y nacional existió durante la mayor parte de este siglo.
INDOLENCIA Y OMISIONES
Pero los daños más recientes, los de los últimos 20 años, en buena parte se han debido a la indolencia de las empresas que en ocasiones no han utilizado la mejor tecnología existente en el mercado, o que han incurrido en graves descuidos en su operación. Y en las dos últimas situaciones entran en juego las negligencias y omisiones en que podrían haber incurrido las autoridades gubernamentales responsables por el control de la gestión ambiental, por no haber hecho en su momento las exigencias requeridas para evitar o mitigar los impactos ambientales, particularmente desde que entraron en vigencia los códigos de recursos naturales y sanitario, a principios de los años setenta. Omisiones gubernamentales que, a su vez, han sido causadas en gran medida por la falta de capacidad técnica del Estado para hacer un adecuado control de la actividad petrolera. Sin con ello desconocer la positiva gestión que alcanzaron a adelantar el Inderena y el Ministerio de Salud en algunos frentes, al tratar en la última década de poner en cintura la cuestión petrolera, no obstante sus muy limitados recursos para hacerlo, y que les llevaron a concentrar sus acciones en áreas estratégicas como Cusiana.
LA LEGISLACIÓN ES RAZONABLE
En Cusiana, y en otros campos petroleros, ahora bajo la responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente, se está demostrando que es posible conciliar la necesaria exploración y explotación de los ricos yacimientos con la protección al medio ambiente, en contrapelo a las apocalípticas predicciones de los verdes extremistas, que sólo veían allí la posibilidad de reproducir la historia de algunas operaciones petroleras del pasado con nefastos daños para el ambiente, y a los augurios de quienes veían en las decisiones de las autoridades ambientales una inconveniente intervención que sólo serviría para ahuyentar la inversión extranjera. Y se está demostrando que para el efecto basta con hacer cumplir nuestra legislación, que es muy razonable si se compara con las existentes en los países de origen de las empresas que operan en Colombia. Y basta con que esas empresas multinacionales traigan a nuestro país las tecnologías desarrolladas y aplicadas en otras latitudes desde tiempo atrás, que han hecho posible la adecuada operación de explotaciones petroleras en áreas tan delicadas como el Mar del Norte o la Campiña Inglesa de Dorset, o la construcción y operación de oleoductos en ecosistemas tan frágiles como el de Alaska.
Sobre estas dos premisas, que se cumpla la legislación ambiental y que se utilicen las tecnologías más sanas, es que están actuando las autoridades en Colombia, en la antesala de la bonanza petrolera. Una actuación que se hace definitivamente posible con el nuevo Ministerio y los instrumentos que la ley le otorga.
HAY MUCHAS METAS
Precisamente la Ley 99 de 1993 ubica en el Ministerio del Medio Ambiente esas responsabilidades como la única entidad competente por el otorgamiento de las licencias ambientales -cuya concepción y aplicación fue actualizada por la misma ley-y el monitoreo de las actividades de exploración, explotación, producción y transporte de los hidrocarburos en todo el territorio nacional. Estas son unas de las pocas res-ponsabilidades ejecutivas del nuevo Ministerio que, como se sabe, tiene como funciones fundamentales las de fijar los planes, políticas y programas a nivel nacional y fijar normas. Que se le hubiera entregado esta función en forma privativa se deriva del hecho de que la actividad petrolera, además de ser estratégica para el desarrollo del país, conlleva impactos y riesgos ambientales frente a los cuales se requiere una gestión estatal uniforme en todo el territorio nacional dirigida a minimizarlos, basada en una alta capacidad técnica, con la cual ya ha sido dotado el nuevo ente. Además, al colocar esa responsabilidad en una sola autoridad del nivel nacional se buscó terminar con la superposición de numerosos entes (Inderena, corporaciones regionales, Minsalud, etc.) con el fin de hacer transparente y ágil la relación entre el gobierno y la industria, la cual se quejaba, no sin razón, del interminable papeleo y la falta de claridad en los trámites ante aquel.
Sin embargo hay que señalar que son muchos los retos que tiene ante sí el Ministerio del Medio Ambiente, para alcanzar la meta de una gestión petrolera ambientalmente sana; continuar con las actividades tendientes a que las nuevas actividades cumplan desde el principio con la normatividad ambiental y lograr que los viejos campos petroleros se ajusten a ella; exigir a Ecopetrol la modernización de las instalaciones de Barrancabermeja, uno de los complejos industriales más contaminantes del país; probar que es posible la explotación petrolera en las zonas de bosques húmedo, un cometido que por ahora no parece satisfactorio; establecer los requisitos para que se minimicen al máximo los riesgos inherentes a las operaciones portuarias de embarque y desembarque del crudo y sus derivados; y continuar exigiendo la restauración paulatina de los daños ambientales infligidos en el pasado. Pero a los fracasistas de todos los tintes y las épocas hay que señalarles que tal como nos lo enseña la larga experiencia internacional y la muy reciente colombiana todo ello es posible. Sin con ello desconocer que, como toda actividad productiva, la petrolera no está exenta de causar impactos ambientales y que a su operación le son inherentes riesgos de diversa naturaleza. Se trata entonces de minimizar los riesgos y evitar los impactos, y de mitigarlos cuando estos inevitablemente se produzcan.