Manuel Rodríguez Becerra

La Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, que tendrá lugar en Río de Janeiro entre el 20 y el 22 de julio, es un evento gris si sus “mejores resultados esperados” se comparan con los alcanzados en las cumbres de Estocolmo (1972) y de Río (1992). Y es que en la primera se logró que las naciones del mundo se comprometieran con la protección ambiental, un asunto hasta entonces prácticamente ausente de la agenda pública, y en la segunda, que adoptaran la concepción del desarrollo sostenible y acordaran convenios ambientales globales críticos. Y son logros de enorme relevancia, no obstante que no se haya contado con la voluntad política requerida para derrotar la destrucción ambiental y para erradicar la pobreza.

Los “mejores resultados esperados” de Río + 20 incluirían unas orientaciones básicas para transitar hacia “economías verdes” como uno de los medios para revitalizar la concepción del desarrollo sostenible. E incluirían, también, el mandato para iniciar un proceso para negociar y fijar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), objetivos cuyo cumplimiento, como en el caso de las políticas de la economía verde, sería de carácter voluntario.

Si acuerdos como los anteriores no se lograran, podríamos estar ante un colapso de las negociaciones sobre medio ambiente y desarrollo sostenible similar al de la Cumbre de Copenhague sobre Cambio Climático, en el 2009, con graves e inocultables consecuencias.

Como se sabe, la eventual inclusión de los ODS en los acuerdos finales de Río + 20 es el producto de una iniciativa de la delegación de Colombia, que ha jugado un papel lúcido y eficaz en las negociaciones conducentes a la cumbre, no obstante el clima desfavorable de las mismas.

Y el compromiso expresado por Colombia con la Cumbre de Río + 20 y en pro de la protección ambiental y del desarrollo sostenible en estas negociaciones internacionales debería traducirse en políticas nacionales coherentes con la positiva postura adoptada. Pero este es un campo sembrado tanto de luces como de sombras.

En materia ambiental, la recreación del Ministerio del Ambiente y del Desarrollo Sostenible, a finales del 2011, constituye la principal política gubernamental. De este ministerio se esperaría que juegue un papel crítico en encarrilar las locomotoras de la prosperidad económica en la senda de la sostenibilidad ambiental, en particular la minera y la agropecuaria, que hoy, en balance, están ocasionando un creciente deterioro y destrucción ambiental. Pero, a la fecha, no son para nada claras, por ejemplo, las políticas y las acciones concretas para asegurar que la minería y la explotación petrolera encuentren un rumbo coherente con la protección del excepcional patrimonio en diversidad biológica y cultural del país, ni para que se detenga la alarmante deforestación en marcha. Y muchas de estas son definiciones que desbordan a la cartera ambiental y que, en últimas, se definirán en el nuevo código minero y la nueva ley agraria.

Como parte integral del desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y de la inequidad debe ocupar lugar central en los acuerdos de Río. Y en este campo, el gobierno del presidente Santos ha definido políticas sociales concretas y ambiciosas, como son, entre otras, la ley de víctimas y de restauración de tierras, y la política de provisión de vivienda para los más pobres. Bastaría, y sobraría, con su ejecución cabal para que Colombia respondiera con solvencia a la puesta en marcha de los objetivos sociales del desarrollo sostenible que está promoviendo en Río + 20.

Esto, en contraste con la política doméstica ambiental, cuya brecha frente a la que el Gobierno propugna en el frente internacional es apreciable y cuyas falencias están causando negativos impactos sociales a consecuencia del deterioro de servicios ecosistémicos básicos, como son la provisión de agua y la protección de los suelos.