Manuel Rodríguez Becerra

La protección de los bosques y el apoyo a la financiación de actividades de adaptación serán las prioridades del país en la Cumbre del Clima.

“La responsabilidad social es inseparable de la lucha contra el cambio climático. Nuestro mayor aporte a la lucha contra el cambio climático es preservar nuestra selva de 578.000 kilómetros cuadrados, más del 51 por ciento del territorio”, afirmó el presidente Álvaro Uribe al referirse a la Cumbre de Copenhague en su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre pasado. 

La afirmación podría interpretarse como un cambio en la política ambiental del Gobierno, que constituye una de las mayores falencias de los dos mandatos. ¿Por qué el viraje después de tanta indiferencia? Quizá sea el fruto de  la presión de aliados críticos de Colombia en el ámbito internacional, como Estados Unidos, Holanda y el Reino Unido, que le otorgan a la Cumbre una enorme importancia. Pero también podría leerse en forma más positiva como parte de la reformulación de la política exterior que está liderando el canciller Jaime Bermúdez, para la cual cuenta con el apoyo de una comisión de expertos con presencia de connotados internacionalistas nacionales y extranjeros.

Sin embargo, ante los anuncios del Jefe de Estado no sobra recordar que ‘del dicho al hecho hay mucho trecho’. ¿Estaría el presidente Uribe dispuesto a renunciar a la carretera del Darién y a otros megaproyectos en la cuenca del Pacífico y en la región de la Amazonia que inevitablemente generarán devastación de las selvas?

Cualquiera que sea el caso, en el curso de las negociaciones iniciadas hace dos años en Bali, y que deberían finalizar en la Cumbre de Copenhague, Colombia ha dado prioridad a los temas de protección de los bosques,  la financiación de actividades de mitigación y la creación de un fondo de adaptación por parte de los países ricos que ayude a pagar acciones en países pobres. Así lo ratificó el ministro del Ambiente, Carlos Costa, con gran experiencia en las lides internacionales sobre cambio climático en constructivo diálogo con representantes del sector privado y de la sociedad civil en un seminario de expertos organizado por el Foro Nacional Ambiental y la Plataforma Climática Latinoamericana.

En contraste con los tres temas mencionados, Colombia le ha otorgado menor prioridad  a involucrarse en las negociaciones sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), toda vez que tiene mínima incidencia en ellas y su pequeña delegación no da para tanto. La mitigación del calentamiento global es el nudo gordiano de la negociación y el corazón mismo de la Convención de Cambio Climático y su Protocolo de Kioto, pero es un nudo que no podrá desatarse en el poco tiempo que resta. El escenario más probable es que se reiteren algunos anuncios esperanzadores sobre la mitigación del cambio climático, como los que ya hicieron los tres mayores emisores del mundo -China, Estados Unidos y la Unión Europea-, y que planteen sus ofertas   algunos de los grandes países en desarrollo que están emergiendo como emisores de importancia, como India y Brasil. Pero son anuncios que para transformarse en obligaciones concretas requerirán de una cocción adicional en las nuevas negociaciones que probablemente se adelanten después de Copenhague. 

En defensa de los bosques

En consonancia con otros países en desarrollo, Colombia había mantenido la posición de no adquirir ningún compromiso de mitigación de carácter voluntario -la Convención y su Protocolo eximen a los países en desarrollo de compromisos obligatorios en la materia, a partir del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Pero recientemente adoptó una posición más flexible al establecer su disposición a no aumentar su participación relativa en las emisiones globales -que asciende solo a 0,37 por ciento-,  tomando medidas como mantener su matriz de generación de energía eléctrica, fundamentalmente de origen hidroeléctrico, y  proteger la cobertura forestal del país.

Sin duda, en Copenhague y en la negociación que probablemente le seguirá se alcanzarán acuerdos para la protección de los bosques, un asunto urgente toda vez que la deforestación origina el 20 por ciento del total de los GEI emitidos anualmente.  Son acuerdos que se enmarcarían en el mecanismo bautizado como de ‘reducción evitada de emisiones de GEI por deforestación’ (REDD por sus siglas en inglés), mediante el cual los países en desarrollo que disminuyan la deforestación recibirían recursos económicos como compensación por los servicios que prestan los bosques para la estabilidad climática global.

Colombia aboga porque REDD sea un mecanismo flexible e incluyente en el que todas las actividades referidas a la protección de los bosques sean elegibles -reforestación, conservación de bosques naturales, evitar la deforestación y la aforestación-.  Sin embargo, el país ha enfatizado que la REDD no debe tomar como línea base la tasa de deforestación nacional -posición que mantiene Brasil-, ya que esta depende de factores imprevisibles como los cultivos ilícitos y el orden público. Es una posición defendida con ahínco que sería un reconocimiento implícito de que las Farc y los denominados grupos emergentes controlan aún diversas zonas del país, lo cual está a contrapelo del discurso oficial  de la seguridad democrática que reclama que el territorio colombiano se encuentra bajo control del Estado o en vía de estarlo.

Además, el Gobierno considera que en la creación de REDD deben mantenerse los mecanismos de mercado como base para su funcionamiento -como los certificados de reducción de emisiones-, con el fin de asegurar que los recursos lleguen directamente a las comunidades que habitan en los bosques y que son, en últimas, las únicas en posibilidad de protegerlos.

En este último caso, Colombia tiene una gran ventaja comparativa sobre la casi totalidad de los países, puesto que desde hace cerca de 20 años tomó la decisión de sacar del comercio sus dos grandes regiones selváticas, la Amazonia y la costa del Pacífico, mediante las modalidades de resguardos indígenas, propiedades colectivas de las comunidades negras, y parques nacionales. Pero es una política que hoy está gravemente amenazada. Para Colombia el tema de la adaptación tiene una alta prioridad en las negociaciones. Sin embargo, en la Convención se prevé que los países desarrollados cooperarán prioritariamente con los países insulares y los países menos desarrollados, con recursos económicos y transferencia tecnológica, para que estén en capacidad de tomar medidas de adaptación al cambio climático, como podría ser la reubicación de poblaciones asentadas en áreas vulnerables o la construcción de infraestructuras.

Pero Colombia es también un país altamente vulnerable al cambio climático, en virtud de su posición en la zona intertropical y sus condiciones geográficas.  Por eso con otros países de características similares están buscando que les reconozcan su vulnerabilidad y, por consiguiente, ser objeto de cooperación internacional como compensación a que no tienen mayor responsabilidad en el fenómeno de calentamiento global pero son víctimas de su impacto. Llevar a cabo los acuerdos sobre adaptación exige la provisión de sustantivos recursos económicos por parte de los países ricos.

Las posiciones adoptadas por Colombia en estas negociaciones son muy razonables y en parte expresan la continuidad que, en balance, el país ha tenido en su participación en las negociaciones sobre cambio climático, independientemente de la prioridad que le otorgue el gobierno de turno. Pero si esas posiciones llegaran a abrirse paso en los acuerdos globales ¿estaría el actual Gobierno dispuesto a cambiar sus políticas domésticas que tanto atentan contra la integridad de nuestro medio ambiente?