Manuel Rodríguez Becerra

La gran tragedia ocasionada por el río Mira es, en parte, el resultado del creciente caos ambiental de nuestra minería. Como Jaime Arocha lo denunció (El Espectador, 25 de febrero de 2009), la desordenada explotación de material de arrastre en el lecho del Mira incrementó a tal grado la vulnerabilidad de la región a las crecientes que lo sucedido difícilmente podría denominarse como un desastre natural.

Paradójicamente, una entidad del Estado, Ingeominas, está contribuyendo con creces al caos mineroambiental al haber otorgado títulos mineros en el 40 por ciento del área de nuestros páramos -fuente estratégica del agua-, así como en quince parques nacionales: sitios únicos e insustituibles para la conservación de nuestra gran riqueza en biodiversidad.

Los altos funcionarios del sector minero arguyen, con frecuencia, que han actuado de conformidad con la Ley. Una afirmación que no es correcta para el caso de los parques nacionales naturales, puesto que nuestra legislación no permite tal tipo de actividad productiva en estas áreas protegidas, y que tampoco lo es para otras áreas de especial valor ecológico, de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional.

Entre la minería con negativo impacto ambiental en nuestro territorio sobresale la del oro, que se adelanta mediante el uso irresponsable y brutal de retroexcavadoras, cianuro y mercurio, dejando un paisaje arrasado y ríos y quebradas contaminados en forma letal. Puesto que los ahora denominados grupos emergentes controlan buena parte de estas empresas, es al Ministerio de Defensa a quien corresponde ponerles punto final, pero hasta la fecha ha registrado una dañina pasividad.

El creciente caos no es solamente el producto de la pequeña y mediana minería. Así, la Procuraduría General de la República, en informe elaborado hace cerca de dos años, señaló que la gestión ambiental de las grandes empresas mineras del carbón en el departamento del Cesar deja mucho que desear. Y, sin embargo, ello no fue impedimento para que se otorgara a la Drummond, con su muy cuestionable récord ambiental, la licencia para adelantar la mayor explotación minera de que se tenga noticia en el país, lo que es una señal equívoca para el sector productivo en materia de sus responsabilidades frente a nuestro medio natural.

En este desolador panorama, se identifican empresas que están cumpliendo la normatividad ambiental, pero estas parecen ser hoy más la excepción que la regla. Es decir, al mismo tiempo que nos estamos convirtiendo en un país minero, el Estado colombiano no solo está demostrando una gran incapacidad para asegurar que esta actividad se desarrolle respetando las más elementales condiciones para la protección de nuestro medio ambiente, sino que, con frecuencia, ha jugado el patético papel de incentivar su destrucción, como se evidencia en el caso de los páramos.

Por fortuna, el ministro del Ambiente, Juan Lozano, y su viceministra, Claudia Mora, han tomado una posición vertical en contra de aquella minería que ponga en riesgo la protección del agua, y están buscando anular los títulos mineros concedidos en los páramos y excluir estas y otras áreas de especial valor ecológico de tal actividad. Además, han subrayado que el imperativo de conservar las fuentes de agua es una guía fundamental para decidir sobre los futuros proyectos mineros, incluyendo el controvertido caso de la explotación aurífera de Cajamarca por la empresa AngloGold Ashanti.

Sin duda, la minería es una gran oportunidad para el desarrollo del país, pero sólo debe adelantarse si no atenta contra la protección del agua y otros bienes ecológicos y sociales esenciales. En muchos casos, no existe -según nos lo enseñan la ciencia, la historia y la prudencia- compromiso posible, y se debe tener el valor y la honestidad con el país de rechazar la inversión minera cuando nos prometa falsos venados de oro.