Manuel Rodríguez Becerra

Los bonos de carbono forestal o esquemas de deforestación evitada (REDD+, por sus siglas en inglés), en balance, no están siendo exitosos en cumplir con las metas que se claman en relación con la mitigación del cambio climático, ni en el mundo ni en Colombia. Esta situación contrasta con las grandes expectativas que existían cuando surgió REDD+ como una estrategia clave para combatir la deforestación que da cuenta de aproximadamente del 20 % de las emisiones de CO2.

Los esquemas de deforestación evitada generan y venden créditos o compensaciones de carbono en función de la cantidad de deforestación que pretenden prevenir. Para calcular estos ahorros de carbono, intentan predecir cuánta deforestación se produciría si el proyecto no existiera. En general, se construyen escenarios hipotéticos para los esquemas de compensación basados en tasas de deforestación del nivel subnacional o de áreas comparables de bosques cercanos –las llamadas regiones de referencia–, para obtener una estimación.

Los bonos son comprados por muchas de las empresas que se han comprometido a reducir a cero sus emisiones netas de carbono, y sus créditos se adicionan a las reducciones que se generan in situ mediante la innovación tecnológica. Las compensaciones deben estar certificadas por organizaciones especializadas que verifican, entre otras, que la cantidad de toneladas métricas de emisiones de CO2 que se evitarán sea la correcta.

A principios de este año, en un artículo publicado por The Guardian y basado en un análisis de diversos estudios científicos sobre los bonos de carbono, se concluyó que “las compensaciones de carbono forestal aprobadas por Verra, el principal certificador del mundo, y utilizadas por Disney, Shell, Gucci y otras grandes corporaciones son en gran medida inútiles y podrían empeorar el calentamiento global”. Es probable que más del 90 % de los créditos de compensación de bosques tropicales –los más utilizados por las empresas– sean “créditos fantasma”, como consecuencia de que se sobrestimó la tasa de deforestación asociada a cada uno de los proyectos y, por consiguiente, se sobrestimaron las toneladas métricas de CO2 que se dejarían de emitir. Verra ha buscado rebatir, sin mucho éxito, los resultados de este estudio.

Además, han surgido serios señalamientos sobre la injusticia que se estaría cometiendo con los montos pagados a las comunidades dueñas de los bosques, que llegarían a ser, en algunos casos, muy menores en comparación con las ganancias que obtendrían diferentes intermediarios y especuladores en el proceso de colocar los bonos. Las comunidades que protegen los bosques se benefician con unos pagos, que seguramente les sirven para mejorar su calidad de vida, pero no saben que están recibiendo una proporción menor del precio final de los bonos.

Colombia ha sido un país muy atractivo para el establecimiento de proyectos REED+, principalmente como consecuencia de contar dos selvas húmedas –la Amazonia y el Chocó biogeográfico– que son en una alta proporción propiedad colectiva de los pueblos indígenas, en la modalidad de resguardos y propiedades colectivas de las comunidades negras y que se encuentran en balance bien protegidos por acción de estas comunidades. Como lo han señalado investigaciones lideradas por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip), en asocio con organizaciones expertas en bosques y REDD+, en la Amazonia colombiana existen proyectos que podrían estar inflando sus resultados ambientales, o que han generado conflictos en las comunidades, o que entregan a las poblaciones que son dueñas de los bosques y los protegen unos ingresos menores en comparación con los que reciben las empresas promotoras y certificadoras de los proyectos REDD+, así como otros intermediarios que participan en el proceso, en un mercado que es poco transparente. La situación parece caótica y por fuera del control del Estado, y de ella me ocuparé en la próxima columna.