Manuel Rodríguez Becerra

Una gran parte de los proyectos de bonos de carbono de la selva tropical no representan reducciones de emisiones de carbono genuinas y, por consiguiente, no contribuyen a la mitigación del cambio climático en la forma como se proclama.

Así lo afirmé en la columna anterior a partir de diversas investigaciones realizadas en los últimos años, como la adelantada por ‘The Guardian’, el semanario alemán ‘Die Zeit’ y SourceMaterial sobre Verra, el certificador de créditos de carbono líder en el mundo. El certificador tiene la responsabilidad crítica de verificar que los proyectos promovidos por diferentes tipos de organizaciones para evitar la deforestación cumplirán efectivamente con sus metas. En consecuencia, se autoriza la emisión de bonos, cada uno de los cuales equivale a una tonelada de dióxido de carbono (CO2) cuya emisión a la atmósfera se evita al detener la deforestación. Multinacionales como Shell, Gucci, Delta, y easyJet compran los bonos y etiquetan sus productos como “neutrales en carbono”, comunicando a sus consumidores que pueden volar, tanquear con gasolina su automóvil o comprar ropa nueva o comer ciertos alimentos con la conciencia tranquila al no empeorar la crisis climática, toda vez que han compensado las emisiones de CO2 mediante proyectos que evitan la deforestación. Pero, como señala la mencionada investigación, muchas afirmaciones basadas en los créditos de selva tropical en gran medida no tienen sentido, pues su captura de carbono está sobredimensionada, dejando a las empresas que compran las compensaciones en riesgo de lavado verde.

En adición, las comunidades indígenas, dueñas de los bosques mejor conservados, negocian los bonos de carbono en desventaja, dada la gran asimetría de conocimiento y capacidades existentes frente a sus promotores. Estos, a su vez, han creado divisiones y tensiones en estas comunidades, poniendo en riesgo su cohesión e identidad.

Colombia está siendo víctima de estos hechos, como lo evidencian siete sólidas investigaciones lideradas por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip), uno de cuyos autores principales, Andrés Bermúdez, sintetizó en las siguientes cápsulas algunas de sus conclusiones:

– “El proyecto de Matavén –el más grande en Colombia–, promovido por la empresa Mediamos F&M, ha usado una tasa de deforestación proyectada cinco veces mayor que la que Colombia identificó para la Amazonia, generando un riesgo de tala aún mayor que el de la realidad y permitiéndole vender un número de bonos más alto, denominados bonos fantasma”.

– “Un proyecto de la empresa Waldrettung y otro de la Corporación Masbosques crearon divisiones en comunidades indígenas en Vaupés”.

– “En el Gran Resguardo del Vaupés, el segundo más grande de Colombia, varios líderes de asociaciones indígenas denuncian no haber sido informados por la Waldrettung de la propuesta de proyecto antes de su puesta en marcha”.

– “Varios líderes indígenas del Pirá Paraná sostienen que la propuesta nunca fue llevada a la máxima instancia de gobierno interno del resguardo y que quien suscribió el contrato fue un líder que ya no era su representante legal en el momento de la firma con la empresa Masbosques. Demandaron el proyecto y su caso podría ser seleccionado por la Corte Constitucional. Además, la empresa que intermedió los bonos pertenece a los mismos tres dueños de la empresa que certificó el proyecto”.

– “En el medio Caquetá, la empresa Oxigreen, que adelanta conversaciones con varios resguardos indígenas, es liderada por un político sancionado por mal manejo administrativo e inhabilitado para ejercer cargos públicos y contratar”.

En muchos de estos casos, ni los auditores ni los certificadores se percataron de los problemas, levantando alertas sobre su papel como garantes. También develan gravísimas fallas del Estado colombiano en la regulación y supervisión del mercado, así como en la investigación de las irregularidades y en la protección de los derechos de las comunidades indígenas.