Manuel Rodríguez Becerra

Una oportunidad de corregir el rumbo ambiental.

El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y el gobernador de Cundinamarca, Andrés González, reconocieron el tema ambiental como una prioridad en la agenda Región-Capital. Y ratificaron el acuerdo para la descontaminación del río Bogotá, suscrito hace tres años entre el Gobierno Nacional, el departamento, la ciudad y la CAR, que, de abrirse paso, produciría un resonante aplauso nacional.

A su vez, el Gobierno Nacional expidió en buena hora el decreto 3.600 del 2007, que intenta enfrentar el caótico patrón urbanístico de la región, que se manifiesta en la forma dispersa y de baja densidad en que Bogotá se está extendiendo sobre la Sabana y los cerros orientales.

Y es que los establecimientos industriales y comerciales parecen tener la libertad de ubicarse donde más les place, un creciente número de familias pudientes de la capital busca establecerse en urbanizaciones de suburbio de baja densidad, la población más pobre se asienta en zonas ambientalmente vulnerables -las riberas de los ríos, las pendientes de alta montaña-, y muchos utilizan los centros urbanos vecinos como desordenados dormitorios.

Como lo expuse en anterior columna, la experiencia de los países desarrollados indica que este patrón urbanístico conlleva costos económicos, sociales y ambientales inaceptables, incluyendo el despilfarro de los recursos fiscales.

Aún es posible desarrollar nuestra gran capital, las poblaciones vecinas, la Sabana de Bogotá y los cerros que la circundan en forma ambientalmente sostenible y para el beneficio de sus habitantes.

Es una meta que exige evitar la conurbación y propiciar una ocupación del territorio que sea nucleada, densa y dotada de generosos espacios públicos, así como garantizar el acceso de los más pobres a tierras urbanizables. Y que requiere propender por la conservación de la mayor extensión posible de la planicie como suelo agrícola; la protección y restauración de los ecosistemas naturales de la región -páramos, relictos de bosque natural, humedales, ríos y quebradas, y zonas de recarga de los acuíferos-; la comunicación de los sistemas naturales mediante corredores ecológicos; y la declaración como nuevas áreas protegidas de aquellas zonas de importancia estratégica en virtud de los servicios que prestan, como el suministro del agua, la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima y la recreación.

Infortunadamente, si se suman los planes de ordenamiento territorial de los municipios de la Sabana y las zonas montañosas circundantes, el rompecabezas no nos cuadra. Y aún menos, si tomamos en cuenta que son modificados con frecuencia sin que los guíe una visión global de la región, en consulta con la prioridad nacional de proteger sus valores ambientales, agrícolas y paisajísticos, tal como la Ley lo estipula.

El creciente caos de la región indicaría que esos planes de ordenamiento expresan principalmente los intereses de unos pocos grupos -entre los cuales sobresalen los urbanizadores y dueños de tierras-, haciendo caso omiso de las normas constitucionales sobre la función social y ecológica de la propiedad.

Las recientes manifestaciones del alto gobierno nacional, departamental y distrital, y de algunos mandatarios locales, crean una oportunidad para corregir el erróneo rumbo ambiental de la Sabana, y debería conducir, entre otras, a establecer un estatuto único para la región. La CAR y la Secretaría del Ambiente de Bogotá, así como los ciudadanos y las organizaciones defensoras de lo público, tienen el reto de jugarse a fondo en el proceso. Se trata de un gran proyecto socioambiental que está en el horizonte de lo posible y que debería constituirse en una de las bases fundamentales para transformar la Región-Capital en un centro altamente competitivo a nivel internacional.