Manuel Rodríguez Becerra

de los municipios del área de su jurisdicción», y la Ley 99 del 93 señaló a las corporaciones regionales, y las organizaciones para Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, como los entes especializados en la gestión ambiental, excluyendo la posibilidad de que éstas se dediquen a otros menesteres, como en el pasado. Lo que además significa que es un recurso nuevo para las regiones que anteriormente estaban en la jurisdicción del Inderena, que la tenía sobre el 65% del territorio nacional y que nunca contó con esas rentas.

Transferencias del sector eléctrico

La destinación de recursos del sector eléctrico para la gestión ambiental se remonta a 1981 cuando la ley 56 estableció que las entidades propietarias de plantas de energía eléctrica con capacidad instalada mayor a 10.000 kw deberían destinar el 4% del valor de las ventas de energía, liquidadas a la tarifa de ventas en bloque, para inversión, por partes iguales, en protección del medio ambiente y programas de electrificación rural. A los recursos para la gestión ambiental, en el caso de las hidroeléctricas, se les dio como destinación específica la protección de las cuencas hidrográficas vinculadas a su operación, y de su ejecución, así como de la de aquellos correspondientes a la electrificación rural, se responsabilizó a las empresas propietarias de las centrales eléctricas. Pero pronto vendría una excepción, Cornare, cuya ley de creación la previó como ente ejecutor de los recursos correspondientes a los proyectos hidroeléctricos y embalses de Guatapé y El Peñol, para lo cual se le dio jurisdicción en los 56 municipios afectados por los proyectos.

Este último es, quizá, el mayor antecedente para que en la Ley 99 de 1993, se hubiesen previsto a las corporaciones regionales, como ejecutoras de estos recursos, excluyendo a las compañías eléctricas de esta responsabilidad. Un hecho que fue motivado por la percepción existente de que éstas no hicieron el mejor uso de ellos, aunque la tradición parece exceptuar de esta afirmación general al ISA y a las Empresas Públicas de Medellín. Infortunadamente no existe una evaluación que permita saber cuál fue el desempeño de cada una de las electrificadoras del país en relación con su inversión. Pero lo cierto es que en el pasado apagón nacional, se arguyó como una de sus principales causas la gran deforestación de las cuencas hidrográficas que alimentan los embalses de nuestras hidroeléctricas. Una situación que no sólo motivó el traslado de la responsabilidad por la protección de estas cuencas a las corporaciones y a los municipios, sino también el incremento de los recursos para tal fin.

Así, la Ley 99 prevé una transferencia del sector eléctrico equivalente al 6% de las ventas brutas de energía, que deberán repartirse por partes iguales entre las corporaciones regionales y los municipios donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el embalse de los proyectos hidroeléctricos. Las primeras deben invertir esos recursos en la protección de la cuenca y los segundos deben destinarlos prioritariamente a proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. A su vez, las termoeléctricas deben transferir el 4.0%, el 2.5% para la corporación autónoma regional del área donde está ubicada la planta y el 1.5% para el municipio correspondiente, recursos también destinados a la protección ambiental.

Cuidado con el despilfarro

Los recursos procedentes del predial, del sector eléctrico y del Fondo de Regalías son muy significativos: para el cuatrienio ascienden a $150 mil millones, $151 mil millones, y $159 mil millones respectivamente. Y por ello, bien ameritarían un monitoreo especial en relación con la eficacia y la eficiencia con que se utilicen, no sólo por parte de los entes estatales que tienen la responsabilidad legal de hacerlo, como es, en primer término, el Ministerio del Medio Ambiente, sino también por parte de la sociedad civil. Sería grotesco que en unos años se llegare a decir, por ejemplo, que un nuevo apagón nacional se originó en el despilfarro por parte de las corporaciones de los recursos de transferencia del sector eléctrico.

Que ello no ocurra dependerá fundamentalmente de la seriedad con la cual se monten las 16 nuevas corporaciones y se reestructuren las 18 existentes. Un propósito en el cual las organizaciones no gubernamentales del medio ambiente y el sector productivo tienen una enorme responsabilidad, a través del ejercicio pleno de los mecanismos de participación previstos por la ley, que incluye cuatro representantes en las juntas directivas de las corporaciones regionales, y que les torna, por consiguiente, en responsables directos de la orientación y eficiencia de estas entidades.

Inequidad regional, deterioro ambiental y pobreza

Pero los recursos procedentes del predial y del sector eléctrico se encuentran altamente concentrados en los entes ambientales de las cuatro grandes ciudades y en 12 corporaciones regionales. Y 22 corporaciones regionales, no cuentan, o cuentan muy poco, con este tipo de recursos. Es una situación que se relaciona con la naturaleza misma de sus fuentes, y que se trató de corregir, desde el pasado gobierno, con diferentes estrategias, entre ellas: la definición de prioridades del componente ambiental del Fondo Nacional de Regalías en favor de las entidades territoriales más pobres, el crédito con el Banco Mundial orientado prioritariamente a la región del Pacífico, y diferentes programas de cooperación internacional. El actual gobierno dispone, además del Fondo Nacional del Medio Ambiente que, en su primera etapa, dispondrá con recursos provenientes del crédito del BID, y que podría dirigir prioritariamente a las corporaciones más pobres.

Pero lo anterior no basta. Y por ello resulta muy preocupante ver cómo, en el presupuesto 1995-1998, 12 corporaciones, que prácticamente no cuentan con rentas propias, dispondrán con insignificantes recursos para la inversión, un gravísimo hecho ya que coinciden con las regiones donde se ubica la mayor oferta ambiental del país -vgr.: la Amazonia, el Chocó, la Sierra de la Macarena, la Sierra Nevada de Santa Marta, La Mojana, y San Andrés y Providencia. O porque tienen la responsabilidad sobre regiones que acusan un grave deterioro ambiental -vgr.: Boyacá y Santander. Lo que significa que el Salto Social está cojeando en una buena parte del territorio nacional, puesto que, como bien sabemos, el deterioro ambiental es causa y secuela de la pobreza.

Se entiende que los presupuestos de inversión para esas corporaciones sea modesto para los años 1995 y 1996, cuando estarán en proceso de montaje o de reestructuración, y, por consiguiente, con una baja capacidad de ejecución. Pero a partir de 1997-1998 deberían registrar unos incrementos sustantivos. De lo contrario se corre el riesgo de perpetuar en esas corporaciones la pobreza franciscana del Inderena, un hecho que tuvo tan negativos impactos ambientales en las últimas dos décadas. Estamos aún a tiempo de corregir una nueva injusticia regional, con deletéreas consecuencias para el patrimonio natural de la nación, una responsabilidad que está, ahora, en manos del Congreso de la República.