Manuel Rodríguez Becerra

El proyecto de ley forestal que el Senado aprobó en segunda vuelta en diciembre y que continuará su trámite en la Cámara este semestre, podría ser uno de los mayores retrocesos de la legislación y la protección ambientales registrado en el país en las últimas décadas. Además, sería como un despojo de los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas y de las comunidades afroamericanas.

Es evidente que el país requiere una nueva legislación sobre los ecosistemas boscosos, y es muy probable que esa sea la motivación de muchos legisladores, miembros el Ejecutivo y representantes del sector privado que con tanto afán la promueven. Sin embargo, llama la atención la marginación de las comunidades indígenas y afroamericanas del proceso de elaboración del proyecto de ley, no obstante que ellas, según la Constitución y la Ley, son propietarias de los territorios en los cuales está ubicado más del 60% de los ecosistemas boscosos naturales del país –cerca de 35 millones de hectáreas–.

El proyecto es una reversión de lo logrado en materia de derechos culturales y territoriales de las minorías étnicas. Por ejemplo, en materia de aprovechamiento comercial por parte de terceros de los bosques ubicados en los resguardos indígenas o en las propiedades colectivas de las comunidades negras, se limitarían a “participar en las decisiones”, cuando es obvio que, en su calidad de propietarios, tienen pleno derecho de decidir sobre el destino de sus bosques, según los mandatos sobre uso sostenible y conservación previstos por la Ley.

Preocupa la marginación de las comunidades indígenas y afroamericanas, propietarias del 60% de los territorios con ecosistemas boscosos.

El proyecto subestima el hecho de que el bosque, además de proveer bienes de consumo –productos maderables y no maderables–, presta numerosos servicios ambientales y sociales: soporte de culturas diversas, mantenimiento de la biodiversidad, regulación hídrica, sumidero de CO2, descomposición de desechos, estabilización y moderación del clima y de la fuerza de los vientos, generación y renovación de la fertilidad del suelo, control de pestes y placer estético. Al no considerar el bosque en forma integral, el proyecto no adopta el enfoque ecosistémico para su manejo, tal como lo establece la Convención de Biodiversidad.

En últimas, el proyecto da prioridad a la explotación de madera, y subordina a este fin la suerte de los demás servicios del bosque y su interacción, pero desconoce su importancia como soporte de la vida y su valor estratégico para el funcionamiento de los sistemas social y económico. No es de extrañar, entonces, el hecho de que los términos biodiversidad y ecosistema sólo se mencionen una vez en el proyecto y que el de restauración no aparezca, cuando estos tres conceptos y sus derivados hacen parte desde hace ya dos décadas del corazón mismo del manejo integrado de los bosques.

Intereses encontrados

En concordancia con el predominio de los intereses madereros, el proyecto despoja al ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de funciones básicas de la política de bosques. Por ejemplo, establece un Consejo Nacional Forestal cuya función es asesorar en “la formulación, ejecución y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, y de los planes de desarrollo regional forestales”. El Consejo tiene amplia representación de sectores interesados en el aprovechamiento maderero del bosque, mientras que la representación de los sectores ambientales gubernamental y no gubernamental son mínima. La secretaría técnica se pone en cabeza de la Empresa Colombiana de Bosques (Procolbosques), creada en el proyecto como “sociedad de economía mixta del orden nacional, organizada como una sociedad comercial anónima por acciones, vinculada a Minagricultura”.

El proyecto da prioridad a la explotación de madera y desconoce su valor estratégico social y económico.

En otras palabras, la definición del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, el eje de la política para el manejo del bosque natural y plantado –y con él su biodiversidad y demás funciones–, se entrega a una entidad cuya prioridad es explotar y comercializar madera. No es esta la mejor forma de proteger y hacer buen uso de uno de los mayores patrimonios y bienes públicos de la Nación –la biodiversidad–, así como de los otros servicios de los bosques, gran parte de los cuales no tiene valor de mercado, como la protección de las aguas y el mantenimiento de las especies. Por eso se requiere una fuerte intervención del Estado: para protegerlos del afán de lucro de quienes sólo ven en los bosques madera para cortar. La actividad maderera es básica para el presente y el futuro del país, pero no puede ser el fundamento prioritario de una ley de bosques a principios del nuevo milenio.

El proyecto también tiene virtudes, pero se ven desbordadas por esos y otros defectos y perversiones que atentan contra la defensa de un bien público esencial. Ojalá los vientos reeleccionistas no acaben soplando a favor de la aprobación del proyecto de ley forestal tal como está. Es necesario revisarlo a fondo a partir de las normas consagradas en la Constitución del 91 y de la Ley 99 del 93, que crea el Sistema Nacional Ambiental, y que se basan en las concepciones ambientales más avanzadas y convenientes para el interés nacional.