Manuel Rodríguez Becerra

Si en algo se asemejan los gobiernos de los presidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe es en su política ambiental gris. No pocos abrigamos la esperanza de que el declive de la protección ambiental quedara atrás durante el gobierno de Santos. Y más aún cuando el día de su posesión visitó a los mamos koguis y bajó de la Sierra Nevada de Santa Marta a la plaza de Bolívar cargado de manillas sacralizadas y de promesas sobre lo que serían unas políticas ambientales y culturales únicas.

Obviamente, este Gobierno puede reclamar a su favor algunos logros, como la ampliación del Parque Nacional de Chiribiquete, o la echada para atrás de la política de construcción de complejos hoteleros en los parques nacionales. Pero reducir una política ambiental a las áreas protegidas o a la creación de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (cuyos resultados están por verse) resulta extremadamente simplista.

Y es que el gobierno del presidente Santos seguramente será recordado a largo plazo por haber mantenido y profundizado el rumbo de una locomotora minera y de una locomotora agrícola sin mayores miramientos por la protección de la gran riqueza en biodiversidad y agua con la que aún cuenta Colombia. Y quizá también será recordado por haber nombrado cinco ministros del ambiente en tres años (un verdadero récord), y por no haber adelantado la prometida y necesaria reforma de las corporaciones autónomas regionales.

En esta situación tan poco alentadora, se iniciarán las campañas para la elección de congresistas y de Presidente. Y aunque peque de ingenuo, esperemos que el reñido ambiente electoral sirviera para poner el tema ambiental en el lugar que le corresponde.

Como es obvio, se requiere dotar al país de unas autoridades ambientales mucho más fuertes, llámense ministerio, CAR, o secretarías ambientales de las grandes ciudades. Pero ello no basta. Ante todo, es imperativo reorientar las políticas sectoriales (energética, minera, agrícola de transporte, urbanas, etc.), tributarias, de ahorro y de inversión, entre otras, en forma tal que se asegure la sostenibilidad ambiental. Es decir, incorporar en las políticas públicas los principios de la economía verde que, al reconocer las profundas interacciones entre la economía y el medio- ambiente, se proponen garantizar un crecimiento económico sin desmedro de los servicios que prestan los ecosistemas y la biodiversidad, como los de provisión (alimentos tanto de la agricultura como del medio silvestre, agua, fibras, etc.), los de regulación (del ciclo del agua, de clima, de la erosión, de pestes, de polinización, etc.) y los culturales (estéticos y de recreación).

Esto es lo que grandes gurús de la economía y de las ciencias sociales y ambientales del mundo prescriben, y lo que comienzan a implementar los gobiernos más avanzados. En Colombia, la política pública está llena de oportunidades para enverdecer la actividad económica, que hoy son omitidas en virtud de intereses cortoplacistas. Piénsese tan solo en la destrucción ambiental y social que se adelanta en la transformación de la Orinoquia, cuando existen las estrategias para moverse en la dirección correcta. O en la oportunidad perdida de las 100.000 viviendas que se entregarán sin que su planeación haya estado guiada por las mejores teorías y prácticas del desarrollo urbano sostenible contemporáneo.

Ya es hora de que nuestros gobernantes, políticos y gurús de la economía nacional se despeluquen, abandonen aquellas políticas que son destructivas para el medioambiente, propias de los siglos XIX y XX, y pongan en marcha los conceptos y políticas socioambientales del siglo XXI.