Manuel Rodríguez Becerra

Es urgente fortalecer la política de protección de la diversidad cultural y de conservación de la selva amazónica de Colombia, un objetivo que adquiere singular importancia al tomar en consideración el cambio climático.

Y es que nuestra región amazónica se encuentra relativamente protegida -gracias a la existencia de los resguardos indígenas y los parques nacionales, que ocupan aproximadamente el 70 por ciento de su territorio-, lo cual tiene una enorme relevancia toda vez que conservar los bosques naturales y, por consiguiente, detener en forma definitiva su destrucción, es una de las medidas más efectivas para combatir el calentamiento global.

En efecto, la deforestación genera un 18 por ciento de los gases de efecto invernadero (GEI) -¡equivalente a las emisiones totales del sistema de transporte mundial!-, un fenómeno que se explica por la liberación a la atmósfera del carbono almacenado en la biomasa del bosque y del suelo como consecuencia de la destrucción de aquel para abrir paso a la ganadería o la agricultura. En primera instancia, se produce una masiva emisión de CO2 como resultado de la quema del bosque, que es el método comúnmente utilizado para cambiar el uso del suelo, y, posteriormente, se registra un prolongado período de emisión de GEI, en la medida en que decaen las raíces y otros componentes de la biomasa del suelo y del vuelo forestal que quedan tras el arrasamiento del bosque.

Precisamente, el hecho de que Colombia contribuya muy poco al calentamiento global se debe en gran parte a que la deforestación en su región amazónica es sustantivamente menor en comparación con la registrada en la mayor parte de países que aún cuentan con grandes extensiones de selva tropical, tal como lo señalé en pasada columna (20-09-08).

Pero el imperativo de fortalecer la protección de nuestra selva amazónica no solamente se desprende de la necesidad de evitar emisiones de gases de efecto invernadero. Se desprende también de los profundos impactos que el calentamiento global tendrá en el gran ecosistema amazónico (compartido por ocho países de Suramérica), en el que la Amazonia colombiana es una de las áreas menos afectadas en lo concerniente a su estructura vegetal.

En efecto, en estudios adelantados en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales del Brasil, y presentados por el investigador colombiano y miembro de ese centro Luis Fernando Salazar -en reciente seminario que, organizado por el Foro Nacional Ambiental, tuvo lugar en Bogotá-, se concluye que “para el final del siglo XXI algunas regiones del sudeste de la Amazonia podrían ser sustituidas por vegetación de sabana, debido principalmente al aumento de la evapotranspiración y disminución de la cantidad de agua en el suelo, y a que las áreas con mayores valores de precipitación y menor estacionalidad, como la parte central y noroeste amazónica, son consideradas las áreas con menor probabilidad de sufrir los impactos negativos de estos cambios”. Y, en este caso, añade el estudio, “estas áreas podrían actuar como refugio ecológico ante escenarios de cambio climático, por lo que son necesarias medidas prioritarias de preservación y manutención de condiciones de conectividad de estas áreas con el resto de la selva amazónica”.

Justamente, la selva amazónica ubicada en Colombia se constituiría en uno de los principales refugios ecológicos, lo que nos lleva a concluir que no tenemos una alternativa distinta de convertir su protección en una de las principales prioridades nacionales. Pero la plena realización de este objetivo exige el reconocimiento de la compleja trama de realidades sociales y económicas de esa región que, como es obvio, no se agotan en los resguardos y los parques nacionales, y que, necesariamente, incluye los cientos de miles de campesinos y habitantes urbanos que han hecho de la Amazonia su hogar y su medio de subsistencia.