Manuel Rodríguez Becerra

Los incendios forestales presentados en Colombia y en Chile han creado alarma pública y son una nueva advertencia sobre cómo las consecuencias del cambio climático ya están con nosotros. En comparación con Colombia, los incendios de Chile han revestido mayor gravedad, incluyendo la muerte de más de cien personas.

Lo ocurrido en Colombia, aunque de menor envergadura, es muy preocupante. Los incendios en uno y otro país se originan en el fenómeno de El Niño, reforzado por el cambio climático. El común denominador en los dos países son sus deficientes sistemas de prevención, lo que conduce con frecuencia a medidas reactivas improvisadas, como ocurrió en Colombia. Un fenómeno similar ha ocurrido con las inundaciones extremas producto del cambio climático. En otras palabras, no se están tomando las medidas requeridas para gestionar el riesgo y adaptarse al cambio climático con el fin de que sus impactos sean menos severos.

Necesario repasar el abecé de la crisis ambiental en Colombia –el segundo país más rico en biodiversidad y el sexto en recursos hídricos del mundo–, la cual en gran parte tiene causas locales como son la destrucción y el deterioro de diversos ecosistemas terrestres (se deforestaron 1’349.000 hectáreas entre 2015 y 2022), el deterioro de los mares, la contaminación y el mal manejo del agua dulce. Es lo que se podría denominar una “política de mala adaptación” al cambio climático. A su vez, el cambio climático está afectando nuestro territorio en diferentes formas siendo sus impactos más intensos como consecuencia de la mala adaptación.

Es nuestra responsabilidad, y es posible y urgente, detener la destrucción y el deterioro de la biodiversidad de Colombia, descontaminar suelos, aguas y aire, y restaurar ecosistemas estratégicos. Pero no está en nuestras manos, ni en el conjunto de países desarrollados, resolver el fenómeno del cambio climático puesto que esta es una amenaza global producida por un pequeño puñado de países desarrollados: los 10 principales emisores de GEI contribuyen con más de dos tercios de las emisiones globales (WRI, 2024). Obviamente, Colombia, a similitud de todos los países en desarrollo, tiene la responsabilidad de contribuir a la solución de esta amenaza en forma proporcional a las emisiones producidas desde su territorio (0,57 %).

La más alta prioridad del país es tomar todas las medidas requeridas con miras a adaptar nuestro territorio para que enfrente los impactos del cambio climático que con los años se van a agudizar, como lo señalé en pasada columna (12 de mayo, 2023). Entre ellos: los períodos de lluvias más largos e intensos con las consecuentes inundaciones, las sequías extremas con su escasez de agua y los incendios forestales, el derretimiento de los glaciares y la afectación de los páramos, y la subida del nivel del mar, así como los negativos efectos de todos estos fenómenos sobre la agricultura.

Las medidas de adaptación convergen, con frecuencia, con las de mitigación. La restauración de un bosque, por ejemplo, genera unos ecosistemas más resilientes al cambio climático: la protección de los suelos –con lo que se disminuye la posibilidad de deslizamientos en las zonas montañosas–, la protección de las cuencas hidrográficas, y el fortalecimiento de la diversidad biológica. Y al mismo tiempo contribuye a la mitigación del cambio climático mediante la captura de CO2 por el incremento de la biomasa.

Son cientos las posibles medidas de adaptación dependiendo de la naturaleza de la amenaza ambiental. Así, hoy, mientras más de 322 municipios en 16 departamentos del país afrontan escasez de agua, como consecuencia del fenómeno de El Niño, se advierte un gran atraso en dos medidas de adaptación clave: proteger las cuencas de sus fuentes de agua y hacer uso de las aguas subterráneas cuyo inventario en Colombia, con un alto potencial en esta materia, es aún muy precario. Es una ilustración más sobre las débiles políticas de adaptación del país. La mala adaptación va ganando la partida.