Manuel Rodríguez Becerra

Colombia se prepara para participar en la Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas (China, 2022). Debemos participar como potencia, pues somos el segundo país de mayor diversidad en el mundo.

La COP15 se adelantará en medio de una crisis sin precedentes de pérdida de biodiversidad, interrelacionada con la crisis climática, desertificación de tierras, contaminación de océanos, inseguridad alimentaria y crecientes riesgos para la salud, fenómenos que, sumados, son una seria amenaza para nuestra sociedad y el planeta.

En Colombia, el principal motor de pérdida de biodiversidad es el cambio de uso de la tierra. Anualmente deforestamos más de 150.000 hectáreas de bosque tropical de alta biodiversidad, que convertimos principalmente en pastizales para ganadería extensiva. Un análisis detallado y holístico de este fenómeno se encuentra en el libro Colombia, país de bosques, editado por María Fernanda Valdés y Manuel Rodríguez, con la participación de más de 50 especialistas y recientemente publicado por el Foro Nacional Ambiental, Fescol y Alpha Editorial. En él queda clara la importancia de los bosques para Colombia y los impactos negativos de su destrucción, pero también las posibilidades de conservación y transformación en una fuente de ingreso y bienestar.

Si bien la crisis climática y la crisis por pérdida de biodiversidad están estrechamente relacionadas y presentan algunos puntos en común, tienen orígenes diferentes y exigen estrategias distintas pero complementarias para coexistir con ellas. Hay grandes diferencias en actores, acciones y responsabilidades, como también en las posibilidades de enfrentarlas, mitigarlas y adaptarse a sus impactos.

Sin pretender hacer un análisis de sus complejas relaciones y diferencias, en esta columna solo quiero llamar la atención sobre la necesidad de que Colombia defina una estrategia para la COP15 de Biodiversidad muy distinta a la que tuvo en la COP26 de Cambio Climático. En la COP26, Colombia, sin ser parte del grupo de países que tienen la mayor responsabilidad histórica en la emisión de gases efecto invernadero, asumió compromisos y se fijó grandes metas sin exigir a cambio apoyo financiero. Sin aplicar principios globales de justicia ambiental ni exigir financiación internacional, es desbalanceado e imposible alcanzar lo propuesto.

En la COP15, como en la COP26, Colombia debe presentar objetivos con metas de alta ambición. Es prioritario y estratégico asegurar financiación y buen manejo financiero. Para ello propongo que se relacionen tres variables orientadas a focalizar el apoyo y la gestión de la biodiversidad en los países megadiversos: 1) Alta ambición de conservación de los países megadiversos, acompañada de asignación local de recursos y apoyo al desarrollo institucional asociado al uso sostenible de la biodiversidad local. 2) Compromiso de los países de alto ingreso para garantizar una contrapartida de US$3 por cada US$1 que se invierte de origen nacional en los países megadiversos. 3) Un factor multiplicador de transferencia de recursos según el índice de riqueza en biodiversidad del país donde se esté adelantando la acción.

Esta combinación de factores contribuirá a un uso más efectivo y eficiente de los recursos financieros disponibles y apoyará prioritariamente a países como Colombia, que tienen mayor potencial para aportar a los objetivos globales de conservación. Conservar biodiversidad tiene un costo y debemos exigir compensación internacional por el servicio ambiental que hasta ahora hemos prestado de manera gratuita al mundo. Acuerdos de transferencias financieras, créditos preferenciales y reducción de deuda bilateral como compensación, no como donación, a manera de pago por los servicios de conservación de biodiversidad prestados al planeta y que no han sido valorados ni contabilizados hasta la fecha, son herramientas que hay que proponer y empezar a usar.