Manuel Rodríguez Becerra

La debilidad del Gobierno en diversos frentes de la institucionalidad y la política minera es una de las principales causas de los muchos problemas asociados a esta actividad extractiva en Colombia.

Fue una afirmación que se reiteró, una y otra vez, durante la conferencia ‘Minería del carbón responsable y sostenible en Colombia’, en la cual se ventilaron los diversos logros, reclamos, satisfacciones, dolores, acusaciones, etc., de las partes directamente involucradas en la actividad.

Es, quizá, la primera vez que se sientan a una misma mesa personas que hasta hace muy poco se consideraba imposible que debatieran, frente a frente, lo bueno, lo malo y lo feo de la gran minería del carbón, incluyendo la presunta violación de los derechos humanos y laborales de comunidades y trabajadores. Allí estuvieron, representadas al más alto nivel, tres grandes empresas mineras del carbón de exportación, los indígenas wayús y otras comunidades de La Guajira y del Cesar, los sindicatos, el gremio minero, la academia, defensores de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales ambientales nacionales e internacionales, entre otros.

Y también participaron en esta intensa jornada, con no pocos momentos de alto voltaje, representantes de la empresa alemana de energía EnBW y del IG BCE, el sindicato alemán de las industrias minera, química y de energía (con 675.000 afiliados), organizaciones que, conjuntamente con Fescol y con la colaboración de la Asociación Colombiana de Minería y del Foro Nacional Ambiental, convocaron el evento.

Y es que las mencionadas organizaciones alemanas promovieron esta conferencia motivadas por las diversas y persistentes denuncias de organizaciones de la sociedad civil de Alemania sobre los inaceptables daños sociales y ambientales que habrían generado las empresas Cerrejón, Drummond y Prodeco, los principales proveedores extranjeros de EnBW de este mineral. Y, como los empresarios alemanes lo expresaron, su propósito es, en principio, continuar comprando el carbón colombiano, pero para hacerlo deben garantizar a la ciudadanía alemana que la energía eléctrica que les suministran se produce con un mineral extraído a partir de las mejores prácticas sociales, laborales y ambientales.

Mientras el Ministerio de Minas y Energía participó marginalmente, ni el de Ambiente ni el del Trabajo estuvieron presentes, no obstante que estas últimas entidades tienen responsabilidades legales claves en algunas de las áreas que fueron objeto de la mayor controversia.

Y, mientras la importante delegación alemana y todas las otras partes invirtieron la energía requerida para realizar este necesario evento sobre la minería, los funcionarios gubernamentales parece que estaban “muy ocupados” para atenderlo. Con su ausencia, además de impedir que el diálogo se realizara en forma plena, pusieron en evidencia, una vez más, la debilidad gubernamental, así en la conferencia se reconocieran algunos avances, aunque insuficientes, en las instituciones mencionadas.

De la conferencia quedó claro que es mucho lo que falta para dilucidar y para poder resolver los fuertes cuestionamientos hechos en relación con los derechos humanos y laborales, los impactos de la actividad en el medioambiente y la salud de los trabajadores y de las comunidades, los procesos de reubicación de las comunidades y la participación del país y de las localidades en los beneficios de la minería, entre otros, así como a la forma como los diversos actores han contribuido, o no, a anómalas situaciones.

Sin duda, este diálogo social iniciado –al que se le haría seguimiento con nuevas actividades– es un ejemplo de una necesaria estrategia para alcanzar una minería responsable, que, en Colombia, aún se muestra tan elusiva y que es imperativa en el camino hacia la paz.