Manuel Rodríguez Becerra

Colombia, uno de los países del mundo más ricos en agua, se está quedando sin ese recurso en diversas regiones, durante las estaciones secas, como lo evidencia la grave situación por la que atraviesan muchos municipios, en particular en el Caribe. Y es una situación que se empeorará con el fenómeno del Niño, hoy en temprana formación en el territorio de Colombia, y cuyos efectos comenzarán a sentirse con fuerza hacia octubre-noviembre y se prolongarán hasta el primer trimestre del 2015.

Los efectos del cambio climático están ya con nosotros y, de acuerdo con el mejor conocimiento científico, se manifiestan, entre otras, en estaciones de lluvias y sequías más largas e intensas. La actual sequía bien podría ser una manifestación del cambio climático.

Más grave aún: en Colombia los impactos generados por el cambio climático y por el Niño y la Niña se magnifican con el gran deterioro y destrucción de páramos, bosques y humedales, con lo cual se ha producido grave daño a los amortiguadores naturales de las estaciones lluviosas y secas. Estos tres tipos de ecosistemas acumulan agua durante los períodos de invierno, evitando en mucho las inundaciones, y la liberan durante los períodos de verano, alimentando los caudales de los ríos.

Para detener y revertir este proceso de desestabilización del ciclo del agua, la Ley 99 de 1993 previó, entre muchas otras medidas, cuantiosos recursos económicos procedentes de diversas fuentes, con el propósito específico de invertirlos en los proyectos requeridos para el protección de las cuencas. Su monto, solamente para el año 2012 ascendió a 458.000 millones de pesos según el economista Guillermo Rudas (comunicación personal).

Según sus estimaciones, las corporaciones autónomas regionales recibieron, en el 2012, un total de 143.000 millones por concepto de las tasas retributivas por vertimientos a las fuentes de agua, las tasas de uso de agua y las transferencias del sector eléctrico, todas específicamente dirigidas a proteger este recurso.

A su vez, en el mismo año, los municipios recibieron $ 90.000 millones de transferencias del sector eléctrico para la protección de cuencas y saneamiento básico, y, por mandato de la ley, debieron invertir, conjuntamente con los departamentos, 225.000 millones de pesos en la protección de las cuencas abastecedoras de los acueductos municipales (el 1 por ciento de sus ingresos corrientes anuales).

Además, según Rudas, si se hacen ajustes razonables a las tasas retributivas y se vuelven a cobrar las tasas de uso del agua (desmontadas por el gobierno de Uribe al fijar las tarifas cercanas a cero), se podrían incrementar estos recursos en una cifra anual entre 270 y 670 mil millones de pesos anuales. Es decir, con algo de iniciativa del Gobierno Nacional, el presupuesto que ya se ejecuta podría duplicarse y llegar cerca del billón de pesos anual.

¿Qué ha pasado con estos cuantiosos recursos económicos previstos por la ley, en 1993, para proteger las cuencas que en una estimación conservadora, para solo el año 2012, ascendieron a 458.000 millones? ¿Acaso no sería distinta la situación de los municipios que hoy sufren las consecuencias de un período extremadamente seco, o de los que en 2011-12 sufrieron la tragedia invernal, si este monto se hubiese invertido con eficacia, cada año y durante veinte años, en proyectos de reforestación de las cuencas y de restauración de los humedales y de los páramos, y, en general, en la protección de estos ecosistemas?

Bien parece que esa platica se perdió, como consecuencia de su despilfarro y su desviación a otros usos. Pero a nadie parece importarle.