Manuel Rodríguez Becerra

Más de 20.000 chigüiros y de otras especies de fauna habrían muerto como consecuencia de la sequía del Casanare, según los medios de comunicación. Sus imágenes han escandalizado, con razón, a la opinión pública, en general tan lejana y tan ajena al destino de la región de la Orinoquia.

Los representantes de los ministerios de Agricultura, Ambiente, el DNP, etc., han salido, con toda la cara dura, a predicar en pro de la protección ambiental del Casanare y a efectuar todo tipo de diagnósticos, como si no fueran, precisamente esas entidades, responsables mayores, por acción u omisión, del desastre que presenciamos.

Y es que muchos habitantes de la región, centros de investigación (incluyendo algunos públicos), profesores universitarios, etc., hemos venido, desde hace años y a partir de la experiencia y del mejor conocimiento científico disponible, haciendo un SOS sobre la forma irresponsable como se viene adelantando la transformación del Casanare y, en general, la Orinoquia, hacia la agroindustria, la minería y la actividad petrolera.

La arrogancia extremadamente extractivista y la búsqueda de lucro, sin importar sus costos ambientales, han dominado el escenario, y aquellos clamores han encontrado, por parte de dirigentes públicos y del sector privado, el desdén o el dedo acusador que señala a supuestos opositores del progreso. Y esto sin importar que, no pocos, hayamos enfatizado que es deseable aprovechar las grandes oportunidades económicas que ofrece la Orinoquia, mostrando posibles vías para hacerlo en forma que sea amigable con el medioambiente y socialmente justa y equitativa. Todo lo anterior podría sonar como una retahíla producto del complejo de Casandra, pero es inevitable recordar estos hechos.

Como lo ha subrayado el director del Ideam, la actual estación seca del Casanare no es diferente a las registradas en los últimos veinte años. ¿Entonces, qué ha sucedido? Sus impactos se habrían magnificado como consecuencia del deterioro del los ecosistemas que soportan el ciclo del agua, que se evidencia en la destrucción de los páramos y los bosques andinos en donde nacen los ríos del Casanare (y, en general, muchos de la Orinoquia) y en el irresponsable, e ilegal, drenaje de humedales y destrucción de matas de monte y morichales, en la planicie llanera, para habilitar tierras para la agricultura.

Y es que la ecología nos enseña que una vez se sobrepasan ciertos umbrales de deterioro, los servicios que prestan los ecosistemas, en este caso el agua, comienzan a colapsar, que es lo que estaría sucediendo en los llanos. Y a todo ello se suman las estaciones secas más fuertes y prolongadas que se pueden presentar como consecuencia del cambio climático, con lo cual se podrían llegar a producir situaciones aún más graves.

Además, son muchas las voces que identifican la exploración y explotación petrolera como otra de las causas de desregulación del ciclo hídrico, pues eventualmente estarían afectando el funcionamiento de los acuíferos, señalamiento que los empresarios del sector califican como falso. Es asunto que no debería pasarse por alto, y sería del caso que el Gobierno promoviera una evaluación independiente para determinar si ello es, o no, así.

¿Qué hacer? Se requiere detener la caótica transformación productiva de la región, orientarla según la mejor ciencia ambiental disponible (que no es suficiente y es necesario acrecentar) e iniciar un proceso de restauración de los ecosistemas gravemente afectados, una tarea que tomará muchos años. En síntesis, es urgente replantear a fondo la actual orientación del desarrollo de la región, con la necesaria participación de todos los involucrados. Pero esperemos que una vez esfumado el escándalo, las locomotoras de la Orinoquia, y sus maquinistas, no continúen en su oronda marcha, como si nada hubiese acontecido.