Manuel Rodríguez Becerra

En Colombia han existido enormes incongruencias entre las políticas sectoriales y el imperativo de proteger el patrimonio natural de la nación.

Ese es el caso del uso del suelo, como se comprueba en el hecho de que hoy se continúe potrerizando el territorio nacional para desarrollar, muchas veces, una ganadería ineficiente (se estima que existen, por lo menos, 12 millones de hectáreas de tierra en exceso dedicada a esta actividad), destruyendo, de paso, valiosos e insustituibles bosques, páramos y humedales. Y así se comprueba en la destructiva transformación de la Orinoquia que se ha acelerado en los últimos años.

Y en medio de este sombrío panorama se identifican, también, indiscutibles aciertos. Recordemos el que para muchos es el principal: el 42 por ciento del territorio continental del país está representado por parques naturales nacionales, resguardos indígenas y propiedades colectivas de las comunidades negras. Es una de las políticas de protección de la diversidad biológica y cultural más ambiciosas del planeta. Y si bien hoy está amenazada por diversas fuerzas, su consolidación sigue siendo una oportunidad única para Colombia. Pero la exitosa protección del medioambiente mal podría reducirse a esta necesaria política de áreas protegidas.

Así, Colombia tiene la oportunidad de expandir sustantivamente la agricultura tanto para su seguridad alimentaria (en aquellos rubros en que sea competitiva), como para satisfacer la creciente demanda global por alimentos. Y para ello se requiere incrementar la protección de los ecosistemas que proveen el agua –incluyendo los páramos, los bosques andinos y los humedales– y descontaminar las fuentes hídricas, en particular la de la cuenca Magdalena-Cauca, propósitos que son factibles en virtud del desarrollo económico ya alcanzado por el país.

Y es que el hecho de que Colombia sea el décimo país más rico del mundo en agua debería convertirse en uno de los factores claves para expandir la agricultura y hacerla más competitiva. Pero si continuamos utilizando y administrando los recursos hídricos, y los ecosistemas que los regulan, en la forma lamentable que lo hemos hecho en las últimas décadas, el agua podría convertirse en una restricción, como ya está sucediendo en algunas áreas del país.

A su vez, la adjudicación de los baldíos de la nación en la Orinoquia y otras regiones del país en la modalidad del arriendo de la superficie (mediante ley que el Gobierno se propone presentar al Congreso) podría generar una depredación ambiental sin precedentes si no va acompañada de medidas que lo eviten. Y es que no hay nada más peligroso para la protección de suelos, aguas, bosques, etc., que un arrendatario de tierras sin restricciones. Pero en la norma anunciada también existe la gran oportunidad de incorporar previsiones que aseguren un adecuado manejo ambiental. Así, por ejemplo, se debe crear un marco institucional para que los empresarios cumplan con la obligación legal de proteger los bienes ambientales públicos que se encuentren en el predio que reciben en arriendo, como humedales y bosques, así como para que protejan otros valores ambientales de importancia para el país. Y el cumplimiento de estos propósitos se podría asegurar cobrándoles únicamente el canon de arriendo correspondiente a las porciones de tierra utilizables para la agricultura, y permitiéndoles efectuar un descuento tributario para compensar los gastos incurridos en la protección de los bienes ambientales ubicados en las porciones no utilizables.

En síntesis, es deseable y factible hacer congruentes las políticas agrarias y las de protección ambiental, no solamente con el fin de proteger nuestro patrimonio natural, sino también como condición para asegurar la expansión de la agricultura y su competitividad.