Manuel Rodríguez Becerra

“El Ministerio del Ambiente es un facilitador del crecimiento económico”, afirmó el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl, en la rendición de cuentas realizada en Santa Marta.

En la práctica, esta visión se ha materializado en su entusiasta defensa de la política minera, incluyendo las áreas estratégicas mineras. Y, aunque usted no lo crea, y como lo registró La Silla Vacía, la reciente declaración de estas áreas, con una extensión de 17,6 millones de hectáreas, fue propuesta conjuntamente por los ministros de Minas y de Medio Ambiente al presidente Santos, sin un estudio previo del Ministerio del Ambiente.

Igualmente grave, la argumentación del ministro Pearl a favor de las áreas estratégicas ha estado llena de inexactitudes. Afirmó que el otorgamiento de títulos mineros se congelará durante diez años, protegiéndose así una extensión de selva equivalente al tamaño de Kuwait. Pero omitió anotar que el objetivo central de las áreas estratégicas es el otorgamiento de concesiones especiales a la gran minería, durante ese período, y le faltó también aclarar que los cerca de mil títulos mineros solicitados y vigentes a la fecha de expedida la resolución en junio pasado serán tramitados por la agencia minera. Definitivamente: bye, bye a la Amazonia.

En contraste con Minambiente, algunos miembros del alto gobierno y representantes de organizaciones campesinas, indígenas, de la producción agrícola, de la academia y de la Iglesia han enviado múltiples SOS al presidente Santos sobre los daños ambientales y sociales causados por diversas operaciones mineras -legales e ilegales- y sobre los enormes riesgos de su política para el futuro del país.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ha señalado en múltiples intervenciones que las áreas estratégicas y los títulos mineros concedidos cubren el 53% del territorio dedicado a la actividad agropecuaria, o con potencial para ella, lo que causaría el deterioro de suelos productivos, la afectación de los recursos hídricos y la contaminación de las aguas y de los productos agrícolas. Es una posición compartida por el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, quien ha advertido sobre los altos riesgos de la minería para el sector.

A su vez, Samuel Azout, director de la Agencia para la Superación de la Pobreza, en un intercambio de trinos con algún empresario, afirmó: “Explotación de carbón y petróleo, ¿qué traen? ¿Progreso? O ¿destrucción del suelo agrícola, apreciación de la moneda, prostitución, miseria? Tengo plena independencia de opinión y hablo desde el territorio, no desde el escritorio. Yo creo en resultados… y los resultados en el terreno no son de progreso, son de miseria”.

Y la Conferencia Episcopal manifestó su profunda preocupación sobre “(i) la destrucción de la naturaleza selvática del país, pulmón del planeta; (ii) la presencia de proyectos mineros en territorios de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas sin el debido enfoque social y ambiental; y (iii) la minería como detonante de conflictos ambientales y sociales generadores de nuevas violencias”.

Son alertas efectuadas también por reconocidos académicos, como el economista canadiense Albert Berry, para quien Colombia es “uno los lugares menos propicios del mundo para la minería” por su historia de conflicto y de falta de justicia en el área rural.

Así, pues, el Minambiente, Frank Pearl, como “facilitador del crecimiento económico”, se ha comprometido en la defensa de una cuestionada política minera y, a similitud del presidente Santos, ha hecho oídos sordos a los múltiples y autorizados clamores de sus colegas de gobierno y de otros sectores sobre sus actuales y futuros daños ambientales y sociales. No sobraría que F. Pearl revisara cuáles son las funciones que la ley le otorga como ministro de Ambiente.