Manuel Rodríguez Becerra

En Estocolmo 72 y Río 92, las dos cumbres globales sobre medio ambiente y desarrollo más significativas de la historia, se creó la esperanza de detener la destrucción del medio ambiente y de construir una sociedad más justa.

Hoy, en vísperas de la celebración de la Cumbre Río+20, las apuestas optimistas de entonces parecen una quimera. El deterioro ambiental se ha incrementado y Gaia está tomando una cruel venganza, como se evidencia, por ejemplo, en los graves impactos sociales y económicos del clima cambiante (el Niño-la Niña y el calentamiento global).

Y es que, desde la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), se incorporó el tema ambiental en la agenda pública internacional, a partir del entendimiento de que las amenazas ambientales globales solo se pueden resolver mediante la acción colectiva de los países. Y, veinte años después, en Río de Janeiro, se firmaron sendos compromisos, que plantearon como objetivo central colocar al mundo en la senda del desarrollo sostenible, con los imperativos de erradicar la pobreza y combatir el deterioro ambiental, tal como se acordó en la Agenda 21 y en las convenciones de cambio climático y de biodiversidad.

En las cuatro últimas décadas, todos los países han establecido unas políticas sobre desarrollo sostenible y medio ambiente, y diversos grupos de la sociedad civil y del sector privado se han comprometido con la causa. Los logros son muchos, pero la pobreza y la inequidad persisten y la destrucción ambiental continúa. Y no es extraño que sea así, puesto que se está lejos de cumplir con los compromisos adquiridos en los múltiples acuerdos multilaterales, los cuales contienen, casi que en exceso, todas las obligaciones, derechos y medidas voluntarias imaginables para resolver la crisis socioambiental.

Pero ¿qué ha impedido su cumplimiento? Como es evidente en los últimos cuarenta años, al crecimiento económico y a los intereses de corto plazo de la gran empresa privada se les ha otorgado una primacía tal que se ha propiciado el incremento de la inequidad y se ha determinado que la protección de los ecosistemas estratégicos para el bienestar de la humanidad por los servicios que prestan (como el agua y la biodiversidad) ocupen un lugar secundario. Los billones de dólares invertidos para salvar el sistema financiero internacional, tras la crisis del 2007, contrastan en forma patética con la languidez de los recursos económicos destinados a salvar el planeta.

¿Qué diablos pueden, entonces, acordar los gobiernos de todas las naciones del mundo en la próxima Cumbre de Río, si consideramos que lo acordado en el papel poco se cumple y que la falta de voluntad política para actuar se ha acrecentado debido a la difícil situación económica de Europa y la muy incierta de los Estados Unidos? Como ya se ha venido cocinando en el último año, la única opción que parece quedarles a las Naciones Unidas es refritar compromisos adquiridos en el pasado y consignados en diversos instrumentos multilaterales y anunciar que los “nuevos y ambiciosos acuerdos” nos enrumbarán hacia un nuevo amanecer.

¿Se trata acaso de un ejercicio de culinaria intergubernamental de inocultable cinismo? ¿O, más bien, de una cumbre simbólica para comunicarle al mundo que los gobiernos y los políticos no son indiferentes al desarrollo sostenible? Cualquiera que sea el caso, los miles de jóvenes que se congregarán en multitudinaria y vigorosa reunión de la sociedad civil que, simultáneamente a la Cumbre, tendrá lugar en Río, podrán constatar que sus gobernantes les han fallado y, quizá, entenderán mejor las responsabilidades que ellos, los jóvenes, deberían asumir.

Coletilla. En este escenario gris, la delegación de Colombia en las negociaciones ha tenido una posición digna y creativa, que bien vale una columna.