Manuel Rodríguez Becerra

“En un acto simbólico, con profundos significados trascendentes, los mamos me entregaron un bastón de mando y un collar con cuatro piedras. Una representa la tierra, que debemos cuidar. Otra representa el agua, que es la fuente de la vida. Otra representa la naturaleza, con la que debemos estar en armonía. La cuarta representa el gobierno, que debe respetar el orden de la naturaleza y la voluntad del Creador.

Tierra, agua, naturaleza y buen gobierno ?esos símbolos preciados? harán parte integral de la administración que hoy comenzamos.” Estas palabras, con las que el presidente Santos inició su discurso de posesión y se refirió a la ceremonia a la que acudió con su familia en el gran templo de Seiyua, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la mañana del 7 de agosto, le sirvieron para enmarcar y explicar el sentido y metas de su programa de gobierno.

Subrayó que “un gran reto del nuevo Congreso será la aprobación, por fin, de la Ley de Ordenamiento Territorial que impulse la descentralización y desarrolle los derechos de las minorías étnicas consagrados en la Carta del 91”, y que a “nuestros niños les debemos también la obligación de velar, con responsabilidad, por la preservación de nuestro medio ambiente y por el futuro de nuestro planeta. Crearemos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia Nacional de Agua, para garantizar una mayor protección del agua y de nuestros recursos naturales”.

Quienes votamos por el Partido Verde debemos reconocer que, de haber llegado nuestro candidato a la Presidencia, difícilmente habríamos estado en una ceremonia y un discurso de posesión tan verde.

Para alcanzar sus objetivos, el presidente Santos deberá enfrentar complejos retos y dilemas. En efecto, en la Constitución de 1991 se consagró la más ambiciosa política para la protección de la diversidad cultural y la biodiversidad de nuestra historia, que ya para esa fecha había recibido un definitivo impulso del gobierno del presidente Barco. Los derechos a la identidad cultural y territorial de las minorías étnicas se concretan hoy en el hecho de que cerca del 36 por ciento del área continental del país sean resguardos indígenas y propiedades colectivas de las comunidades negras.

Pero es una política que está profundamente amenazada como consecuencia del desplazamiento violento de estas comunidades, el asesinato de sus líderes, la minería ilegal, la usurpación de sus tierras y la destrucción de sus bosques por parte de paraempresarios y narcos. Vencer este conjunto de actos criminales contra las minorías étnicas y la integridad de sus territorios requerirá entonces mucho más que la Ley de Ordenamiento Territorial.

Y en todo el territorio nacional, incluyendo el marino, ¿cómo armonizará el nuevo gobierno el impulso de las grandes locomotoras que jalarán la prosperidad democrática, como son la minería, la infraestructura y el agro, con su política de protección ambiental anunciada el 7 de agosto? Estas locomotoras tomaron desde hace años el rumbo equivocado, como lo evidencian los graves y crecientes daños a nuestra riqueza en biodiversidad y agua que están dejando a su paso y que incluyen, entre otros, la escandalosa deforestación de 2?356.000 hectáreas registrada entre el 2000 y el 2007, recientemente revelada por el Ideam.

Recrear el Ministerio del Ambiente y anunciar como ministra designada a una reconocida ambientalista son medidas necesarias pero insuficientes. Ante todo se requiere que, bajo la batuta del Jefe del Estado, los ministerios de Agricultura, Minas y Hacienda y Planeación Nacional enrumben estas desbocadas locomotoras, siguiendo el principio según el cual “el gobierno debe respetar el orden de la naturaleza”, adoptado por el presidente Santos de los ?mamos?. De lo contrario, habríamos simplemente presenciado un chévere paseo presidencial a la Sierra coronado en la Plaza de Bolívar con un discurso de desenguayabe teñido de verde.