Manuel Rodríguez Becerra

El Código de Minas ha demostrado ser una amenaza para el medio ambiente. Por ejemplo, y como se subrayó en pasado editorial de este diario, “las autoridades mineras se amparan hoy en un confuso artículo del Código sobre zonas excluibles de la minería, para continuar otorgando títulos mineros en áreas de gran sensibilidad ambiental”. Ello les ha permitido el otorgamiento en los páramos de títulos en 65.176 hectáreas, estando en curso solicitudes en otras 402.628 hectáreas, lo que equivale al 36 por ciento del área total de estos ecosistemas vitales para el país.

Por fortuna, hoy existe la posibilidad de corregir esta y otras graves situaciones en virtud de que en el Congreso cursa un proyecto para reformar el Código de Minas. Así, es urgente restituir plenamente el papel de protección del ambiente que debe cumplir la autoridad ambiental, con la autonomía requerida frente al sector minero. Autonomía, además, en la actualidad quebrantada, entre otras razones, por la limitación de las causales por las cuales se puede negar una licencia ambiental, situación que resulta del todo inaceptable y que, también, es necesario corregir.

De igual forma, se requiere que en el nuevo Código se exija la licencia ambiental para adelantar las actividades de exploración minera; si estas no se realizan con las debidas medidas de prevención y mitigación, pueden llegar a ser altamente perjudiciales para el medio ambiente.

Si bien la actividad minera presenta hoy grandes posibilidades para el desarrollo de Colombia, ella podría llegar a ocasionar daños irreparables, de no contarse con un debido control estatal y, aún más, si se permite en áreas de especial importancia ecológica. No debemos olvidar la experiencia de países latinoamericanos con larga tradición minera que testimonia cómo cientos de comunidades, que viven en zonas otrora de explotación de los más diversos minerales, han quedado en un mayor estado de pobreza y en medio de un paisaje desolado tras el paso de emprendimientos que, en su momento, se ofrecieran como su redención.

Por fortuna, en Colombia algunas de las empresas del sector minero, y entre ellas las pertenecientes al Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (Cecodes), han señalado la necesidad de contar con una legislación y unas autoridades ambientales fuertes. Y esta no es solamente una expresión de su responsabilidad social corporativa. Les preocupa, también, la existencia de compañías mineras cuyo desempeño ambiental deja mucho que desear, con lo cual se crean unas condiciones desiguales para competir.

Pero, en últimas, es el Ministerio del Medio Ambiente el que enfrenta, en el trámite de esta ley, un enorme reto. El ministro Juan Lozano no tiene alternativa distinta a jugársela toda, ejerciendo su función legal de fijar criterios ambientales a este sector, y aclarar, así, cuál es la voluntad real del Gobierno Nacional frente a la protección del patrimonio natural del país.