Manuel Rodríguez Becerra

Los bosques secos circundantes de la ciénaga de Mallorquín, ubicados en los municipios de Barranquilla y Puerto Colombia, han sido víctimas de un ecocidio, en particular en la última década, que es urgente detener con miras a proteger y restaurar el bosque remanente.

El bosque seco tropical tiene una alta importancia ecológica en el mundo por su vasta biodiversidad, por jugar un papel crucial en la captura de carbono y la regulación climática, y por ser una excepcional fuente de conocimientos para la adaptación al cambio climático por la capacidad de resiliencia de su biodiversidad frente a las sequías e inviernos extremos y prolongados. No menos importante, ofrece recursos esenciales como agua y alimentos. Sin embargo, es uno de los ecosistemas más amenazados debido a la deforestación y la degradación.

En el caso de los bosques secos de Mallorquín, estos hacen parte integral del ecosistema de la ciénaga, que es uno de los principales sistemas lagunares costeros del país, tanto que una gran parte fue declarada sitio Ramsar, es decir, un humedal de importancia internacional designado bajo la Convención Ramsar.

Recientemente se destruyeron 80 hectáreas de bosque seco para dar paso a la urbanización Ciudad Mallorquín, ubicada en Puerto Colombia pero tan cerca de Barranquilla que, en últimas, corresponde a un desarrollo urbanístico para esta ciudad. Es una urbanización promovida por la empresa antioqueña Argos, propietaria del predio, la cual también parece tener la intención de urbanizar las 124 hectáreas que restan. En los últimos tres años la agonía de este bosque ha sido muy sólidamente documentada por diferentes ciudadanos de Barranquilla entre quienes sobresalen Gustavo Bell, exvicepresidente de la República, el conocido periodista Horacio Brieva y María Correa, lideresa social y defensora de la naturaleza.

“Parecería que aún estamos ante la posibilidad de que el desastre no se realice en su totalidad.”

Argos ha salido a la defensa de sus proyectos con la afirmación de que en sus predios solo existen bosques secundarios y degradados sin ningún valor ecológico. Cuán equivocados. La empresa simplemente está desconociendo el hecho de que lo único que hay que hacer con estos bosques es protegerlos y restaurarlos. Precisamente nos encontramos en el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, proclamado por la Asamblea General de la ONU para el período de 2021 a 2030.

Esta iniciativa global busca prevenir, detener y revertir la pérdida y degradación de los ecosistemas terrestres y acuáticos, para revitalizar miles de millones de hectáreas de tierra y agua en beneficio de las personas y la naturaleza. Precisamente, uno de los programas bandera del gobierno del presidente Petro es la restauración de 750.000 hectáreas de ecosistemas. En el caso de Mallorquín, es imperativo atender tres frentes de restauración: la ciénaga misma, los manglares y los bosques secos.

Argos también afirma que ha urbanizado cumpliendo con la ley. En efecto, lo ha hecho en relación con los Planes de Ordenamiento Territorial del Distrito de Barranquilla y del municipio de Puerto Colombia. Pero existe un estudio, realizado por el profesor alemán Florian Koch, que evidencia cómo Argos instrumentalizó todo el proceso de elaboración y discusión del POT 2014 a su favor, para concluir que este “hace de los instrumentos oficiales de planificación una farsa” (‘The rules of the game and how to change them: Urban planning between formal and informal practices. A colombian case study’, 2015) tal como lo sintetizó en una de sus columnas Gustavo Bell.

Frente a la situación creada, la Procuraduría General de la Nación interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular que denuncia daños y amenazas a los derechos colectivos de las comunidades de Puerto Colombia y Barranquilla.

Parecería que aún estamos ante la posibilidad de que el desastre no se realice en su totalidad. Argos, que públicamente se proclama como una empresa verde, debería revisar su posición. Es una cuestión ética. Si persiste en su errada conducta, perpetrará un enorme daño social y ecológico, consolidándose como uno de los campeones del green-washing en Colombia.