Manuel Rodríguez Becerra

Pocos gobiernos han dejado un legado tan perdurable para la protección del medio ambiente como el del presidente Alfonso López Michelsen.

A la administración López le debemos, entre otros, el Código de los Recursos Naturales y de Protección del Medio Ambiente, así como el impulso definitivo a la creación y protección de las áreas protegidas y la iniciación de los programas de acuicultura y de reforestación comunitaria. Sin embargo, paradójicamente, esta es una de las facetas menos conocidas de su administración.

El Código fue una visionaria iniciativa del gobierno del presidente Misael Pastrana, que en diciembre de 1973 obtuvo del Congreso facultades extraordinarias para expedirlo. Pero, ocho meses después, al finalizar su gobierno, el Presidente resolvió no firmar el decreto-ley correspondiente, un hecho que produjo una natural frustración en el amplio conjunto de instituciones y personas que había trabajado arduamente en su elaboración.

El presidente López retomó el proyecto de Código y ordenó su revisión y reestructuración. Tanto en este proceso como en el anterior participó activamente Julio Carrizosa, director del Inderena y uno de los pioneros del ambientalismo en Colombia, quien, con su equipo, ofreció la orientación técnica requerida.

Por último, el Presidente revisó personalmente el texto, con el concurso de un grupo de expertos, en un encierro de fin de semana que tuvo lugar en Hato Grande. Y en diciembre de 1974, cuatro meses después de posesionado, firmó el decreto-ley mediante el cual se dictó el Código. Esto a pesar de la férrea oposición que encontró en el sector privado, en particular en la Andi, como se evidencia en una larga comunicación dirigida al Presidente, en el último momento, para impedir su expedición.

La implementación del Código no se hizo esperar. El Consejo de Política Económica y Social aprobó en 1977 la creación de 19 áreas protegidas (13 parques naturales y 6 santuarios), sin que faltaran las voces en contra de esta política, y se impulsó así, en forma contundente, la más ambiciosa estrategia de protección de la biodiversidad con que cuenta hoy el país.

Pero ya para entonces el gobierno del presidente López había efectuado una intervención en pro del Parque Tayrona, al cancelar en forma definitiva el proyecto de construir un complejo hotelero en todas y cada una de sus bahías. Esta iniciativa había entrado en suspenso durante el gobierno del presidente Misael Pastrana como consecuencia de la efectiva protesta pública que lideraron entonces el periodista Daniel Samper, desde su columna de EL TIEMPO, y la parlamentaria Alegría Fonseca. Y fue el gobierno del presidente López, en sus inicios, el que finalmente impidió su realización y evitó así la destrucción de este excepcional parque natural. De nuevo, una determinación tomada en contravía de los intereses de influyentes grupos empresariales y políticos que, además, habían participado en la elección del doctor López a la Presidencia.

Tanto el mencionado proceso de creación y protección de los parques nacionales, como la elaboración y aprobación del Código de Recursos Naturales, son páginas de nuestra historia que evidencian, una vez más, el conflicto que con frecuencia se presenta entre el objetivo de proteger el medio ambiente y los intereses económicos de corto plazo que algunos grupos empresariales intentan hacer prevalecer sin importar los graves daños que puedan ocasionar a nuestra riqueza natural.

Pero en aquellos dos casos tan críticos para la construcción de la institucionalidad y la política ambiental de Colombia, el presidente López supo defender el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente sano, una postura que no siempre adoptan ni los gobernantes de Colombia ni los de otras latitudes.